Con el fin de volver a protestar en los primeros días de enero, frentes regionales, sindicatos, agrupaciones vecinales y otros sectores desarrollan asambleas sobre todo en las zonas en las que fueron más intensas las demostraciones de descontento por el cambio de gobierno y otras demandas.
Las reuniones se realizan en las regiones andinas de Ayacucho -donde hubo más muertos, con 10 de las 26 vidas perdidas-, Andahuaylas y Huancavelica, según fuentes de prensa regionales y apuntan a reanudar las manifestaciones en enero próximo.
Por otro lado, organizaciones sociales de la región sureña de Arequipa, bastión de los bloqueos de carreteras de semanas anteriores, barajan la posibilidad de volver a la lucha la próxima semana.
Mientras tanto, el gobierno de la presidenta Dina Boluarte -sucesora del destituido Pedro Castillo- insiste en sus declaraciones en pos de diálogo y busca intermediaciones atender demandas regionales y atenuar el clima de protesta.
En ese empeño, el ministro de Justicia, José Tello, anunció que el Gobierno otorgará “un apoyo solidario económico para los familiares” de los fallecidos, en su mayoría abatidos durante las operaciones militares y policiales contra las protestas.
Tello aseguró que esa especie de indemnización, manejada por un panel con participación de instancias no gubernamentales, no excluye la pesquisa de las responsabilidades por las muertes.
Según la versión oficial, las tropas solo actuaron defensivamente y ante actos de violencia y vandalismo de elementos que calificó como terroristas que aprovechaban las protestas, aunque hay testimonios y pruebas forenses de muertos baleados por la espalda y a distancia.
Un discurso diferente al de Tello dio el congresista Diego Bazán, del partido de derecha extrema Avanza País, al cual también pertenece el presidente del Congreso, José Williams, quien apoya a Boluarte.
Según Bazán, la Policía y las Fuerzas Armadas deben continuar con “la mano dura” e intensificar operaciones contra la violencia.
Las demostraciones se redujeron notablemente por las festividades de fin de año, pero algunas persistieron y continúan, sobre todo en la región surandina de Puno.
En ese territorio se mantienen bloqueados varios puntos de la carretera que conecta con Bolivia, lo que ha obligado a los viajeros a pasar de un país a otro surcando el lago Titicaca que comparten ambos países.
Además, el municipio puneño de Ilave las comunidades indígenas aymaras se mantiene en huelga general y bloquean el paso terrestre hacia y desde el territorio boliviano.
Un recuento de la Defensoría del Pueblo reportó hoy un plantón en el distrito de Pichari, de la región de Cusco y convocatorias a manifestaciones en La Libertad, Apurímac y Lima.
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