Resaltó la trascendencia del debate del proyecto gubernamental de que el titular del Congreso sea encargado del despacho de Boluarte en su ausencia, debido a que no hay vicepresidente que lo haga.
Agregó que el viaje “es una ocasión sumamente importante para que la señora presidenta pueda llevar personalmente el mensaje de la normalidad democrática y constitucional que se vive en el Perú y ejercer la diplomacia presidencial”.
Para ello, señaló la necesidad de que se debata en el pleno congresal el proyecto por el cual el titular del Parlamento, Williams Zapata, se encargue del despacho presidencial con fines protocolares y de representación, cuando la presidenta se traslade al exterior.
Gervasi añadió que el viaje a Brasil contribuirá de manera sustantiva “a dejar de lado ciertas dudas que pueden tener algunos países respecto a lo que sucedió constitucionalmente en el Perú”, es decir la destitución de Pedro Castillo y el ascenso a la presidencia, que ha dado lugar a grandes protestas.
La idea, añadió, es dar a la comunidad internacional el mensaje político que en el Perú “estamos en una normalidad democrática constitucional y queremos seguir desarrollando relaciones de mutuo beneficio con las otras naciones del mundo”.
La reforma del reglamento parlamentario para que Williams se encargarse de la presidencia en ausencia de Boluarte, es rechazada por los congresistas de izquierda y por algunos de centro.
Los congresistas de izquierda Silvana Robles, Flavio Cruz y Jaime Quito señalaron que el proyecto afecta el equilibrio entre los poderes del Estado, al dar más espacio al Legislativo, y evidencia la alianza entre la nueva presidenta y la derecha.
Para el congresista de centro-derecha Eduardo Salhuana “la Constitución no prevé que el presidente del Congreso asuma porque estima que siempre vamos a tener dos vicepresidentes”.
Además, los juristas conservadores Domingo García Belaúnde, Natale Amprimo, Antero Flores, Raúl Ferrero y Aníbal Quiroga, cercanos a las bancadas de derecha, emitieron una declaración conjunta en la que se oponen al proyecto.
Señalan que el cambio “no puede realizarse a través de la sola modificación del Reglamento del Congreso de la República, sino que se requeriría, de ser el caso, de una reforma constitucional” que se apruebe en dos legislaturas por dos tercios del total de congresistas.
Argumenta que la Constitución no autoriza, y por tanto prohíbe, que ese encargo quede en manos del titular del Congreso.
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