En la occidental provincia de Chiriquí, durante una ceremonia de destrucción de 823 armas de fuego, Pino precisó que de estas más de 300 son el resultado del programa “Pacificando mi barrio”, mediante el cual se truecan de manera voluntaria con bonos para adquirir alimentos.
Esta es la ceremonia 31 de destrucción de armas de fuego en lo que va de año, según el funcionario, y con esta el Ejecutivo da fe de un gran esfuerzo y el cumplimiento de objetivos de seguridad en aras de un mejor país.
Pino subrayó que el próximo año se mantendrán estrategias dirigidas a brindar más tranquilidad al pueblo, entre las que sobresalen operaciones para ubicar, confiscar y erradicar las armas de fuego adquiridas de formas ilícita.
El programa gubernamental “Pacificando mi Barrio” comenzó en diciembre de 2021 en la capital del istmo, bajo el auspicio de la Gobernación de Panamá y el Ministerio de Seguridad Pública.
Ese proyecto, constató Prensa Latina, dio inicio por la humilde barriada de San Miguelito, pero se extendió a otras localidades del país canalero.
Sobre el tema, medios de prensa llamaron la atención sobre el tráfico de unas 700 mil armas ilegales, que ingresan desde Estados Unidos a las redes criminales, de las cuales 10 por ciento llega a las pandillas.
Estadísticas dan cuenta de la existencia de poco más de 160 pandillas, mientras el fiscal contra la Delincuencia Organizada, Nahaniel Murgas, estimó que en los últimos años aumentan los delitos, más aun los relacionados con el tráfico de estupefacientes.
Todo esto frente a un crimen organizado poderoso, altamente rentable que aprovecha la situación a su favor para dominar comunidades e imponer su control en algunas zonas a través de las armas, dijo.
Las provincias de Panamá, Colón y Panamá Oeste son las de mayor auge de la actividad de estas organizaciones criminales, aunque no se descarta su presencia en otros territorios, según el Ministerio Público.
Aunque la actividad de las pandillas como regla la asocian a hurtos y robos, principalmente en el área donde residen sus miembros, en los últimos años se incrementaron los delitos relacionados con sicariato y la comercialización regional de drogas.
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