“Finalmente después de 3 años, Luis Fernando Camacho responderá por el golpe de Estado que derivó en robos, persecuciones, detenciones y masacres del gobierno de facto. Confiamos en que esta decisión se sostendrá con la firmeza que demanda el clamor de justicia del pueblo”, escribió Morales en su cuenta de Twitter.
Insistió en otro mensaje en que la justicia debe procesar al gobernador de Santa Cruz y a sus cómplices de la aventura golpista “por respeto a la memoria de nuestros hermanos asesinados en Sacaba y Senkata y la dignidad de quienes fueron perseguidos, detenidos y torturados”.
La Fiscalía departamental de La Paz presentó este jueves la imputación formal en contra de Camacho en el contexto de las pesquisas del caso denominado Golpe de Estado I.
Un equipo de la Fiscalía Especializada Anticorrupción informó a la prensa que dentro del expediente seguido por el Ministerio Público a instancias de la exdiputada Lidia Patty y otros en contra de Camacho por la presunta comisión del “delito de terrorismo (…) nos permitimos presentar ante su autoridad la ampliación de imputación formal”.
Ahora está en celda policial de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen de La Paz, en calidad de aprehendido a la espera de su audiencia de medidas cautelares, se informó.
De acuerdo con la imputación formal, existe probabilidad de autoría, existencia de riesgos procesales como el peligro de fuga y obstaculización en la investigación; además de la “necesidad y utilidad de aplicación de la medida extrema”, según el documento oficial presentado en el Juzgado Octavo de Instrucción en lo Cautelar de La Paz.
La comisión de fiscales a cargo de la investigación pide que el procesado sea detenido de manera preventiva en la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro, ubicada en el municipio altiplánico de Viacha, departamento de La Paz, durante la etapa preparatoria bajo los principios de proporcionalidad, temporalidad y legalidad por el tiempo de seis meses.
En el expediente golpe de Estado I figuran la exsenadora Jeanine Áñez y los operadores políticos que allanaron el camino anticonstitucional en noviembre de 2019 para imponer un Gobierno de facto en Bolivia, el cual provocó después la muerte de cerca de 40 personas en las masacres de Sacaba y Senkata.
Un vídeo circulado en redes sociales y transmitido por los canales nacionales de televisión, recoge la confesión de Camacho de que a través de su padre coordinó con jefes policiales y militares la desprotección al Gobierno de Morales para facilitar la ejecución del golpe de Estado concretado el 10 de noviembre de 2019.
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