Aprehendido la víspera en el departamento cruceño y trasladado a La Paz, la figura principal en la conspiración que desembocó en la renuncia del expresidente Evo Morales el 10 de noviembre de 2019, fue imputado este jueves en el expediente Golpe de Estado I por presunto terrorismo.
El Ministerio Público demandó su encarcelamiento preventivo por seis meses en el reclusorio de máxima seguridad de Chonchocoro, provincia de Viacha, en el departamento altiplánico de La Paz.
Al señalar que la vista se desarrollará en la sala de audiencia virtual, el juez Sergio Pacheco pidió que todas las partes habiliten sus cámaras en todo el desarrollo del debate, “requisito establecido por el protocolo de Audiencias Virtuales”.
Golpe de estado I se inició por una denuncia de la exdiputada Lidia Patty, quien interpuso la acusación a finales del 2020 contra la exsenadora Jeanine Áñez y los operadores políticos que mediante una conspiración allanaron la vía para imponer un gobierno de facto en Bolivia en 2019, causante de 38 muertes en las masacres de Sacaba y Senkata, cientos de heridos y miles de violaciones de los derechos humanos.
Por su parte, la Fiscalía General del Estado advirtió este jueves que la quema y atentados de la víspera contra la infraestructura de su sede departamental de Santa Cruz no quedará en la impunidad.
“Se ha dispuesto el inicio de las investigaciones necesarias con el objetivo de identificar a los autores de este hecho delictivo, buscando que se imponga la máxima sanción penal, considerando el irreparable perjuicio generado”, expresó un comunicado oficial.
Mencionó entre los daños irreparables, además del incendio del inmueble, la destrucción o saqueo de los equipos tecnológicos, cuadernos de investigación, bienes privados y que incluso atentaron contra la integridad del personal que estaba en las instalaciones.
El fiscal Osvaldo Tijerino informó al canal estatal Bolivia TV que 32 medios de transporte quedaron destruidos y que hasta el momento los aprehendidos suman 26.
Las fuentes reprocharon que las afectaciones incluyen al patrimonio del Estado, al sistema de justicia penal, a las víctimas y a las partes involucradas en el trámite de los procesos penales a cargo de la Fiscalía Departamental.
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