“No queremos que esté en la prisión de San Pedro porque es un lugar de vacaciones, donde se sigue operando desde adentro; Chonchocoro es el lugar que corresponde a un asesino, a un golpista, un criminal de gama alta, que hizo llorar a muchos hogares y saqueó al pueblo de Bolivia junto con corruptos como (Arturo) Murillo y (Luis Fernando) López”, declaró a la prensa Iris Rucabado, activista del Comité Impulsor de Justicia.
Imputado por el delito de terrorismo en el caso Golpe de Estado I, Camacho ingresó este viernes a las 03:53 (hora local) en Chonchocoro después que el juez octavo de Instrucción en lo Penal Cautelar del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, Sergio Pacheco, ordenó la detención preventiva por cuatro meses.
Él fue el principal promotor de las revueltas que desembocaron en la renuncia del expresidente Evo Morales el 10 de noviembre de 2019, y según confesó en un video transmitido en la televisión nacional, él y su padre conspiraron con jefes policiales y militares para concretar el derrocamiento.
Aprehendido el 28 de diciembre en cumplimiento de una orden fiscal emitida el 31 de octubre del año en curso, y trasladado a La Paz ese mismo día, Camacho es procesado como autor por el caso Golpe de Estado I, iniciado en noviembre de 2020.
En este expediente se investiga la presunta comisión de los delitos de terrorismo y conspiración, que allanaron el acceso al poder de la exsenadora Jeanine Áñez y sus colaboradores en el denominado gobierno de facto (2019-2020).
Como parte de esta pesquisa se indaga también sobre las masacres de Senkata y Sacaba con saldo de 38 muertes, cientos de heridos y miles de violaciones de los derechos humanos durante la represión contra quienes defendían el orden constitucional.
La audiencia se desarrolló de manera virtual, fue instalada de manera oficial a las 17.45 (hora local) con la presencia de todas las partes procesales, las cuales fundamentaron su posición a lo largo de siete horas.
Una comisión de fiscales -en la imputación formal- solicitó que Camacho sea detenido preventivamente durante seis meses.
El Ministerio Público y la defensa de la exdiputada Lidia Patty (denunciante) fundamentaron que en este caso existen los peligros procesales de fuga y obstaculización del imputado y por ello sustentaron su detención preventiva.
Finalmente, anunciaron la apelación al fallo, por considerar muy corto el tiempo de detención preventiva, mientras que la defensa de Camacho también anunció que apelará la determinación judicial.
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