En una conferencia con la prensa local, la mandataria hizo un llamado contra la violencia y dijo que las protestas también significan pérdida de recursos que pueden dedicarse a la salud, la educación y a atender, en general, las necesidades de la población, sobre las cuales pidió dialogar.
Un reportero le pidió pronunciarse sobre los reclamos de más de un centenar de organizaciones sociales de las regiones sureñas de Puno, Cusco, Apurímac, Moquegua, Madre de Dios, Ayacucho y Arequipa, principales escenarios de las protestas desatadas el 8 de diciembre contra la destitución del presidente Pedro Castillo.
Respondió que las movilizaciones, que esas regiones acordaron unánimemente reiniciar el 4 de enero, no plantean demandas sociales, sino políticas, y se refirió a las cuatro principales, como la de adelanto de elecciones, que dijo ha sido atendida por una ley del Congreso que las fijó para abril de 2024, aunque las organizaciones sociales exigen sea cuanto antes.
Sobre la demanda de su renuncia, solo preguntó qué se ganaría con la misma, y sobre la de la libertad de Castillo respondió que el caso está en manos de la justicia, que lo mantiene en prisión por intentar la disolución del Parlamento, el 7 de diciembre.
Acerca de la exigencia de las organizaciones sociales sureñas y de otros territorios, de cerrar el impopular Congreso, Boluarte sostuvo que es inviable y que el intento fallido de Castillo así lo demostró.
Mientras intentaba persuadir a la población de que no participe en las protestas, sostuvo que las referidas demandas “son pretextos para seguir ocasionando caos y destrozos” como las tomas de aeropuertos e incendios de recintos judiciales y policiales.
Agregó que detrás de las protestas hay líderes políticos en declive que buscan beneficiarse electoralmente e insistió en la versión oficial de que hay elementos ligados al derrotado grupo Sendero Luminoso que actuaron como azuzadores.
Un periodista le planteó que investigó 12 de las 26 muertes registradas durante el reciente conflicto, según cifras de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, dijo que ninguno tenía antecedentes judiciales ni era terrorista y pidió a la presidenta que diga cuantos terroristas hay entre los detenidos y fallecidos.
Boluarte, quien negó responsabilidades en las muertes, solo citó informes policiales que señalan de azuzadores de la violencia a expresos acusados de terrorismo miembros del Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef) integrado por elementos cercanos al senderismo, sin dar nombres.
El ministro de Defensa, Jorge Chávez, anunció ayer que los puntos de las nuevas protestas han sido detectados por los servicios de inteligencia y hacía allí fueron enviadas fuerzas militares y policiales y el titular del Interior, Víctor Rojas, inició hoy un recorrido por el sur del país.
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