La Corte Suprema escuchará los argumentos a fines de febrero, uno presentado por una coalición de seis estados liderados por republicanos y el segundo propuesto por dos prestatarios de Texas con préstamos estudiantiles pendientes, de acuerdo con CBS News.
El alto tribunal evaluará si los estados y los prestatarios tienen capacidad legal para impugnar la legalidad del plan, así como si excede la autoridad del secretario de Educación, Miguel Cardona, y si fue adoptado de manera «procesalmente adecuada».
Durante una presentación ante el tribunal, el Departamento de Justicia argumentó que el programa de alivio de préstamos estudiantiles es legal e instó a los jueces a rechazar las «teorías enrevesadas» presentadas por los retadores para afirmar que el plan los perjudica.
En agosto pasado, la Casa Blanca anunció que condonaría parte de la deuda contraída por cerca de 40 millones de ciudadanos para pagar sus estudios universitarios, lo cual dividió a la opinión pública entre quienes lo vieron como un alivio a los bolsillos, o una chispa para la inflación.
La medida incluía perdonar el pago de hasta 10 mil dólares para aquellos prestatarios con ingresos por debajo de los 125 mil dólares anuales y a los beneficiarios del programa Beca Pell (que ayuda a las familias de bajos ingresos) los eximió del pago de 20 mil dólares.
Un juez federal con sede en Texas invalidó en noviembre la iniciativa y un tribunal con sede en Nueva Orleans dejó que el fallo se mantuviera, lo que provocó la apelación del Gobierno ante el Tribunal Supremo.
También una corte en San Luis detuvo el plan en respuesta a un recurso presentado por seis estados de tendencia conservadora: Nebraska, Misuri, Arkansas, Iowa, Kansas y Carolina del Sur.
A principios de diciembre, los jueces aceptaron escuchar la apelación de la administración a esa sentencia, pero rechazaron restituir inmediatamente el programa.
La Casa Blanca insiste en que su política está autorizada por una norma federal de 2003 conocida como Ley de Oportunidades de Alivio de la Educación Superior para Estudiantes, a la cual recurrieron el gobierno de Donald Trump (2017-2021) y el de Biden para aliviar la presión financiera de los prestatarios estudiantiles durante la pandemia de Covid-19.
La Oficina Presupuestaria del Congreso norteamericano estima que el plan costará unos 400 mil millones de dólares en 30 años.
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