Enfocadas en la demanda de renuncia de la presidenta Dina Boluarte, las protestas mantienen carreteras bloqueadas en nueve regiones, pero con más fuerza en Puno, donde muchos pobladores participan en los cierres viales.
Las interrupciones del tránsito impiden acceder a los pasos fronterizos a Bolivia y a la costa y bloquean la carretera Interoceánica, que va de la región costera de Ilo a la frontera con Brasil.
Las organizaciones sociales de Puno mantienen paralizadas las ciudades de Puno y Juliaca y proyectan una marcha a Lima y similares planes tienen las de otras regiones sureñas.
La carretera Interoceánica está bloqueada también en Madre de Dios, región colindante con Puno y fronteriza con el país atlántico y Bolivia,
El segundo territorio con más cierres viales es Cusco, adyacente a Puno y principal punto turístico del país.
El monitoreo en tiempo real de la Superintendencia de Transporte Terrestre (Sutran), consigna además el persistente bloqueo de la importante carretera Panamericana, que recorre la costa peruana, en Ica, cuya capital está ubicada a 305 kilómetros al sur de Lima.
En la capital, un informe del Ministerio de Desarrollo Agrario consignó una reduccion de 19,2 por ciento el abastecimiento de productos agrícolas para el Mercado Mayorista desde el interior del país.
Entretanto, la presidenta Dina Boluarte persiste en su negativa a dialogar sobre los reclamos de las protestas, todos políticos, y que incluyen prontas elecciones adelantadas y un referendo que defina si la población quiere o no una asamblea constituyente, bloqueada con diversos argumentos por el impopular Parlamento.
La mandataria pide diálogo pero solo sobre temas sociales y económicos y el secretario general del Partido Perú Libre (PPL), Vladimir Cerrón, comentó al respecto que las demandas son claras y deben ser atendidas.
“Es un error limitar al pueblo a reclamos elementales, como luz y agua, el pueblo reclama se respeten sus derechos políticos, pues eligió otro gobierno, no éste”, afirmó el dirigente.
Desde la extrema derecha, entretanto, persisten los pedidos de “mano dura” contra las demostraciones opositoras, a las que se intenta descalificar como vandálicas y hasta terroristas.
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