En ese expediente, la exgobernante es procesada por la vía ordinaria debido al presunto nombramiento ilegal de su prima Karina Leiva Áñez como gerente de EBA sin que cumpliera los requisitos del cargo.
Tras escuchar el alegato de las partes denunciantes y de la defensa, la autoridad jurisdiccional decidió en la resolución 09/2023 la medida cautelar de arresto durante un cuatrimestre en el reclusorio femenino de Miraflores.
Según las pruebas presentadas, indicó la autoridad, la designación de Karina Leiva Áñez el 6 de mayo de 2020 y su posesión 48 horas después resultó “ilegal” porque no cumplió lo establecido en la Ley 466 de la Empresa Pública de ser egresada de una universidad.
Explicó que se “solicitó certificación a la Universidad Autónoma del Beni José Ballivián, y por la respuesta se advierte que la designación realizada por la ahora imputada (Jeanine Áñez) sería ilegal y contraria a la Ley 466”.
De acuerdo con la respuesta del centro de altos estudios, Karina Leiva Áñez es estudiante de Derecho y cursa el sexto semestre, lo cual confirma que la designación de la exgobernante de facto fue irregular, entre otros indicios expuestos por la Fiscalía.
En su defensa y antes de la lectura del veredicto del juez cautelar, la imputada prescindió de los servicios de sus abogados, e insistió en que el caso debe ventilarse en un juicio de responsabilidades, pese a que la justicia determinó que su acceso anticonstitucional a la presidencia la hacen merecedora de un proceso ordinario.
Áñez figura en este expediente acusada de nombramientos ilegales, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes y anticipación o prolongación de funciones porque Karina Leiva Áñez carecía de una licenciatura, requisito para el alto cargo.
La exgobernante de facto permanece encarcelada en Miraflores con una sentencia condenatoria de 10 años en el caso denominado Golpe de Estado II por violar las leyes en su acceso a la presidencia.
El Comité Impulsor de la Justicia de Bolivia reclama que sea imputada y condenada a 30 años en el expediente denominado Golpe de Estado I.
Dentro de este expediente se investiga la presunta comisión de los delitos de terrorismo y conspiración, que allanaron el acceso al poder de la exsenadora y sus colaboradores en el denominado gobierno de facto, y el asesinato de 38 personas en las masacres de Sacaba y senkata después que ella y sus ministros firmaron el Decreto 4078.
Este último exoneraba de responsabilidad penal a policías y militares en la represión contra quienes reclamaban el restablecimiento del orden constitucional.
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