La mandataria anunció una reunión del Consejo de Estado, que integran los titulares de los poderes del Estado y otros organismos, a fin de acordar medidas para lograr la paz social, según dijo en obvia referencia a las protestas que demandan su renuncia y prontas elecciones generales adelantadas, entre otros reclamos.
El primer ministro, Alberto Otárola, por su parte, sostuvo a lo largo de la semana conversaciones con bancadas parlamentarias en busca de lograr el voto de confianza que el gabinete ministerial necesita para continuar en funciones.
Otárola celebró el apoyo otorgado al gabinete por Fuerza Popular, partido cuyos detractores llaman de derecha extrema y que encabeza Keiko Fujimori, hija del exgobernante Alberto Fujimori, quien cumple una larga condena de cárcel por crímenes considerados de lesa humanidad.
Ese respaldo es negado por el Partido Perú Libre, por el que fueron elegidos el destituido y encarcelado Pedro Castillo como presidente y Boluarte como vicepresidenta, quien según la organización gobierna con la derecha y las Fuerzas Armadas.
La presidenta y el primer ministro fueron sometidos a una indagación o búsqueda inicial de pruebas, por la muerte de al menos 26 civiles durante la primera oleada de protestas, desatada tras asumir Boluarte la presidencia.
Otárola fue incluido porque era ministro de Defensa cuando ocurrieron las muertes y también son indagados quien fuera entonces ministro del Interior, César Cervantes, así como el todavía titular de Justicia, José Tello.
Una nueva serie de protestas iniciadas el 4 de enero tienden a extenderse e intensificarse en diversas regiones, en especial en el sur del país, donde la región andina de Puno destaca nítidamente.
La ciudad puneña de Juliaca permaneció hoy completamente paralizada y sus calles fueron recorridas por grupos de activistas de la protesta, tras distrbios en los que un grupo de manifestantes intentó penetrar en el aeropuerto lugareño.
El incidente dio lugar a la suspensión de las operaciones de la terminal aérea y dejó un saldo de 16 heridos, 12 civiles y cuatro policías, según la Dirección Regional del Ministerio de Salud, que confirmó que dos de los policías sufrieron graves daños por lo que se recomendó su evacuación a Lima, y hay un civil con pronóstico reservado.
El representante de la Defensoría del Pueblo, Nivardo Enríquez, dijo que entre los civiles hay heridos de bala y perdigones, sin más detalles. La protesta se expresa también en bloqueos de carreteras, la mayoría en las regiones de Puno, Cusco, Apurímac e Ica, así como otras cinco regiones.
rgh/mrs
