Sin presentar pruebas concretas, Otárola indicó que la medida se aplica por tiempo indefinido también a nueve compatriotas de Morales y los acusó de violar el artículo 48 de la Ley de Migraciones, que indica que no serán recibidos los extranjeros que amenacen o solivianten el orden interno.
Sostuvo que en los últimos meses, como afirman medios de prensa y políticos derechistas, desde entonces, Morales “ha estado propiciando una situación de crisis y de caos en el país”.
“La decisión firme y enérgica del gobierno ha sido tomada en beneficio de la vida, la dignidad y la integridad de todos los peruanos”, afirmó sobre la medida, que era reclamada por políticos, medios de prensa y partidos de derecha extrema.
Previamente, el Ministerio del Interior de Perú difundió un comunicado en el que precisa que la medida se aplica a otros ocho ciudadanos bolivianos y argumenta que “todo extranjero en tiene el deber de conducirse cumpliendo el ordenamiento jurídico, en especial en lo referido a la seguridad nacional y el orden interno”.
Según el texto, en meses recientes “se ha identificado a ciudadanos extranjeros de nacionalidad boliviana, que ingresaron al país para efectuar actividades de índole política proselitista, lo que constituye una clara afectación a nuestra legislación migratoria, a la seguridad nacional y al orden interno del Perú”.
El disgusto del Gobierno de Perú se puso de manifiesto ante comentarios críticos del expresidente boliviano sobre la crisis política y social peruana. Al respecto, el analista internacional Francisco Belaúnde señaló que Morales no tiene ningún cargo en el Estado boliviano, es decir que habla como ciudadano.
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