El médico confirmó también que los cadáveres presentan impactos de proyectiles de armas de fuego, en varios casos de efectos devastadores, que solo pueden ser causados por balas explosivas que causan una muerte segura.
“Quiero hacer un llamado a los policías, a los generales de la Policía, a que no se comporten de esa manera con nuestros hermanos”, aseveró impactado por lo sucedido.
Indicó que nueve cadáveres se encuentran en la morgue del hospital Carlos Monge, uno en un centro de salud y hay dos por levantar de la calle y varios murieron por disparos en la cabeza.
Las muertes se registraron durante nuevos intentos de manifestantes de incursionar en el aeropuerto de Juliaca, asedio al que se sumaron pobladores de provincias de cercanas que llegaron masivamente a sumarse a las protestas.
Miles de pobladores de localidades de la provincia de Collao, de habla aimara, a reforzar las protestas en esa urbe, donde al anochecer se registraron piedras contra locales gubernamentales y judiciales, uno de los cuales fue incendiado.
Sotomayor confirmó además que las operaciones de las fuerzas militares y policiales dejaron un saldo de 29 heridos de diversos niveles de gravedad.
El gobernador de la región de Puno, Richard Hancco condenó las muertes y rechazó la campaña política y mediática que atribuye las protestas a elementos terroristas y extremistas las protestas reanudadas el 4 de enero.
“Como jamás ha ocurrido, en cada cuadra hay un piquete de activistas de la huelga», dijo al destacar la gran participación popular en la protesta.
Señaló que la culpa de la crisis la tiene la derecha centralista y sus provocaciones contra la población descontenta y que utiliza para sus fines a la presidenta Dina Boluarte, según dijo, y agregó que “cuando ella renuncie, la gente de Puno se va a alegrar”, añadió.
La nueva oleada de demostraciones de descontento continúan las efectuadas en diciembre pasado, tras la destitución y encarcelamiento del presidente Pedro Castillo por intentar la disolución del Parlamento.
De otro lado, en Lima, el gobernador de la norteña ciudad de Trujillo, César Acuña, confirmó que las muertes en Juliaca, obligaron a la presidenta Boluarte a suspender una reunión del Acuerdo Nacional que había convocado para buscar salidas a la crisis y en la que él participó.
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