“Quiero decirlo con absoluta claridad: La señora presidenta no va a renunciar, esto no se va a dar”, dijo en una conferencia de prensa a la que no asistió Boluarte, quien no aparece en público ni habla con la prensa desde el 8 de enero, cuando comenzaron las muertes en la surandina región de Puno.
Añadió que la mandataria no renunciará por decisión personal, sino porque “la constitución requiere que esta sucesión constitucional se afiance y porque dejar la Presidencia de la República sería abrir una compuerta peligrosísima a la anarquía y el desgobierno, y eso no va a ocurrir”.
“La presidenta está firme en la conducción del país, no está gobernando en piloto automático, estamos tomando decisiones a favor de los 33 millones de peruanos”, dijo Otárola.
Calificó como agenda maximalista e inviable las exigencias de las protestas, de renuncia de la presidenta y elecciones inmediatas, planteada también por los gobernadores regionales de todo el país, y un referendo sobre una asamblea constituyente.
Negó las acusaciones que imputan al Gobierno de represión contra las protestas y sostuvo que la Policía y los aeropuertos de diversos puntos del país fueron atacados por manifestantes, aunque la Coordinadora de Derechos Humanos denunció ejecuciones extrajudiciales, masacres, detenciones arbitrarias y otros abusos.
El primer ministro se abstuvo de hacer una autocrítica sobre su manejo de la crisis, ante una pregunta específica, y dijo que las manifestaciones se iniciaron tras asumir Boluarte la presidencia, el 7 de diciembre y que fueron preparadas durante un año y medio de administración por el presidente Pedro Castillo, destituido por el Congreso y encarcelado ese día.
Al insistir en defender la actuación de las fuerzas de seguridad, refirió que ayer, en una reunión con la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llegada a verificar la situación, planteó que lo sucedido en Perú es que miles de personas atacaron aeropuertos y otras instalaciones y el gobierno solo cumplió lo que llamó obligación de hacer uso legítimo de la fuerza.
Otárola pareció incómodo por la pronta notificación a la presidenta, a él y a otros investigados, de una investigación por genocidio, homicidio y otros cargos, por las muertes durante las protestas, y anotó que espera también que se indague a quienes, en su opinión, han atacado al Estado y son responsables de la situación.
jha/mrs
