El recurso legal fue interpuesto por el abogado Roberto Ruiz y se sustenta en que la compañía sigue explotando recursos naturales en el distrito de Donoso, provincia de Colón, a pesar de que la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el contrato suscrito con el Estado desde el 21 de diciembre de 2017.
Al mismo tiempo cuestiona que la filial de la trasnacional canadiense First Quantum opera la mayor mina de cobre a cielo abierto en América Central, sin pagar los impuestos correspondientes.
El 19 de diciembre de 2022, el Gobierno ordenó a Minera Panamá elaborar un plan para poner en cuido y mantenimiento la mina, lo que equivale al cierre de operaciones comerciales.
La víspera, en un conversatorio con corresponsales de la prensa extranjera, el ministro de Comercio e Industria, Federico Alfaro, admitió que el Ejecutivo evalúa todas las opciones en caso de que fracasen las negociaciones en curso para que la compañía siga operando, incluida la concesión a otra empresa, sin dar más detalles.
También Alfaro admitió que aún hay brechas significativas en el contrato por firmar en temas económicos y legales, además que en particular le preocupa que de darse una disminución del precio del cobre, la minera no cumpla con las regalías de 375 millones de dólares anuales.
Según estadísticas oficiales, desde 2019 Minera Panamá produce al año unas 300 mil toneladas de concentrado de cobre a cielo abierto, las cuales representan el 75 por ciento de las exportaciones del istmo y casi el 4,0 por ciento del Producto Interno Bruto.
Las diferencias con el Gobierno dieron inicio luego que en 2017 la Corte Suprema de Justicia de Panamá declarara inconstitucional el contrato de concesión de la mina.
El 15 de diciembre pasado, el Ejecutivo ordenó el cese de las operaciones comerciales de la empresa por incumplir los compromisos acordados hace un año.
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