Adoptada por omisión o negligencia de esas autoridades ante las acciones golpistas, la decisión cumple con una solicitud de la Fiscalía General de la República, que se encargará de las indagaciones.
Inicialmente estarán bajo pesquisa: Rocha; Anderson Torres, exsecretario de Seguridad Pública del DF que fue ministro de Justicia en el gobierno del derrotado mandatario Jair Bolsonaro; Fernando de Sousa Oliveira, exsecretario de Seguridad Pública interino del DF, y Fábio Augusto Vieira, excomandante de la Policía Militar del DF.
La Fiscalía también pidió al Supremo Tribunal Federal (STF) la apertura de otra investigación sobre los «autores intelectuales» de los actos en esta capital.
Asimismo, 79 fiscales y subprocuradores enviaron al procurador general Augusto Aras una representación penal contra Bolsonaro por el llamado delito de incitación.
La infracción se establece cuando se incentiva y estimula públicamente a que alguien cometa una contravención.
En el documento se demanda que el exmilitar sea inquirido en el ámbito de las investigaciones de las fake news (noticias falsas), de los actos antidemocráticos y de las milicias digitales, casos bajo supervisión del STF.
De acuerdo con el contenido, existe una publicación realizada por Bolsonaro en la madrugada entre el 10 y 11 de enero, en la cual cuestiona el resultado de las justas comiciales de octubre que ganó el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Rocha fue este viernes a la sede de la Policía Federal en Brasilia para prestar testimonio. La institución no informó en qué proceso esa declaración será incluida.
De Moraes califica la actitud del gobernador durante la acción vandálica de omisión y de «descuido y connivencia» la de Torres.
Para el magistrado, Rocha «no solo dio declaraciones públicas defendiendo una falsa libre manifestación política en Brasilia, incluso sabiendo por todas las redes que ataques a las instituciones y sus miembros serían realizados, sino que también ignoró todos los llamamientos de las autoridades para la realización de un plan de seguridad».
En un momento tan sensible de la democracia brasileña, «no se puede alegar ignorancia o incompetencia por la omisión dolosa y criminal», remarcó el juez.
Grupos de extremistas adeptos de Bolsonaro, que piden una intervención militar y rechazan la asunción de Lula al poder, invadieron y depredaron el pasado domingo las sedes del Congreso Nacional, el STF y el Palacio del Planalto, donde se ubica el Poder Ejecutivo.
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