“Todo con tal de tratar de ocultar crímenes de genocidio, tortura y discriminación contra nuestros hermanos peruanos”, escribió el líder del Movimiento al Socialismo-Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos en su cuenta de Twitter.
En referencia a las 49 muertes provocadas por las fuerzas represivas en la vecina nación, el primer exmandatario indígena de Bolivia afirmó que el gobierno de transición peruano tiene más muertos que días al frente de la vecina nación.
“Invocamos al cese de la represión contra nuestros hermanos indígenas y campesinos del #Perú profundo. La demanda de solución de fondo a las desigualdades históricas pide refundación y no más balas y persecución”, concluyó Morales.
La Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Puno, Perú, decidió iniciar una investigación preliminar contra el exmandatario boliviano por el supuesto delito de “seguridad nacional–traición a la patria, en la modalidad de atentado contra la integridad nacional”, entre otros.
Una denuncia penal presentada por el congresista del partido Renovación Popular Jorge Montoya originó esta pesquisa, reportó el diario peruano El Comercio. Según esa acusación, existe en Morales “el propósito de unir la región de Puno a Runasur”, organización creada por el líder boliviano de origen indígena.
La demanda agrega que “se ha generado un grave conflicto social que viene siendo utilizado, incentivado y aprovechado por intereses subalternos de los denunciados y sus asociados, cuyo objetivo es la secesión de parte de nuestro territorio para formar un estado independiente”.
Al argumentar esas suposiciones, el denunciante se basa en pronunciamientos de universidades, asambleas y mensajes en Twitter en los cuales se arenga “a las masas a llevar adelante la separación” de regiones como Puno, Arequipa, Madre de Dios, Apurímac, Ayacucho, Moquegua y Tacna, con “la finalidad de formar una nueva república”.
En este contexto, el gobierno de la presidenta de Perú, Dina Boluarte, prohibió desde el 9 de enero el ingreso al país a Morales y ocho bolivianos más porque supuestamente “habrían ingresado a territorio peruano para efectuar actividades de índole política y proselitista”. Desde la destitución y el encarcelamiento el 7 de diciembre del año pasado del exmandatario Pedro Castillo hasta el 12 de enero, resultaron asesinadas con armas de fuego 49 personas que demandaban la renuncia de Boluarte y nuevas elecciones.
La denuncia del congresista Montoya apunta también contra del líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, y del exgobernador regional de Puno, Germán Alejo Apaza.
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