El fiscal especializado en casos de violación de Derechos Humanos de la región de Apurímac, Iván Soto, decidió indagar al jefe regional de la Policía, general Luis Flores y el jefe policial de Andahuaylas y Chincheros, coronel Alexis Luján.
Soto señaló a ambos como presuntos autores mediatos del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de homicidio calificado.
El cargo se origina en seis muertes registradas los días 10 y 11 de diciembre, en la primera oleada de las protestas contra el gobierno de la presidenta Dina Boluarte, reanudadas el 4 de enero último y que hasta hoy dejaron un saldo global de 50 decesos, 42 en choques con la Policía y ocho en accidentes vinculados a las manifestaciones.
El general Flores fue integrante del Grupo Especial de Inteligencia (GEIN), unidad de élite de investigación, y titular de la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior (Digimin).
Según el fiscal, hay elementos que indican que Flores y Luján serían autores mediatos de la muerte de Cristian Rojas, Wilfredo Lizarme, Jhon Enciso, Beckham Quispe, y los menores D.A.Q. y R. M.LL., quienes tenían entre 16 y 19 años.
Tal responsabilidad se debe, a decir de la hipótesis de la investigación, a que ordenaron reprimir las protestas en la ciudad de Andahuaylas.
Según fuentes del Ministerio Público, también se les investiga, al igual que a sus subalternos por el presunto delito de lesa humanidad, en la modalidad de genocidio y violación de derechos humanos, por torturas sufridas por diez detenidos.
Por motivos similares, con anterioridad la fiscal de la Nación abrió una investigación preliminar a la presidenta Dina Boluarte y al primer ministro, Alberto Otárola; el titular de Defensa, Jorge Chávez, y el ex titular del del Interior, Víctor Rojas.
También está en curso una pesquisa a los jefes del Ejército y de la Policía de la región surandina de Ayacucho.
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