Su presidente, Matin Ainé, dijo a la prensa que los jueces corruptos deben dejar de engañar a la población, aunque advirtió que el Consejo Superior del Poder Judicial (CSPJ) debe estar abierto a los reclamos de abogados que piden revisión de sus expedientes.
Ainé indicó que todos los jueces deben tener el mismo trato, ya sean titulares o suplentes y pidió al Consejo actuar con imparcialidad.
Esta semana se conoció que unos 30 jueces y fiscales fueron apartados del sistema judicial haitiano por falta de integridad moral o insuficiencia académica, según un comunicado emitido por el CSPJ.
Los jueces también fueron señalados por abuso de autoridad, embriaguez, facilitación del engrandecimiento de delincuentes notorios o titulación académica insuficiente, según puede leerse en la nota.
Por su parte, organizaciones de derechos humanos como Je Klere y Nou pap konplis exigieron que se adopten medidas contra los letrados, y sugirieron la congelación de sus activos y la prohibición de ejercer la docencia.
Je Klere, además, pidió una investigación para determinar el alcance de las fortunas de los jueces y comprobar que responde a ingresos legítimos.
De igual manera, Nou pap konplis alentó a las autoridades a enviar los expedientes de los infractores a la Justicia y la Policía para que respondan por los hechos que se les imputan.
La medida afectó a magistrados como Jean Osner Petit-Papa, quien exculpó al exsenador Onondieu Louis, acusado de malversación, así como Ramoncite Accimé, a cargo del caso de PetroCaribe, y Garry Orélien, quien investigó el asesinato del presidente Jovenel Moïse y fue destituido en medio de denuncias de corrupción.
También figura el juez Ikenson Edumé y el comisario de Gobierno de Puerto Príncipe, Jacques Lafontant, quien en noviembre fue destituido por el entonces ministro de Justicia, Berto Dorcé, por faltas administrativas graves y presunta corrupción.
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