Al mismo tiempo, los manifestantes llegados de territorios en pie de lucha desde la caída del expresidente Castillo consideran la posibilidad de continuar protestando en las calles de Lima, para concientizar a la población capitalina a fin de que, afirman, despierte y se sume a las acciones.
Ese movimiento rechaza los llamados gubernamentales a dialogar sobre proyectos de desarrollo en las regiones y exige la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y la pronta realización de elecciones adelantadas, así como un referendo sobre la necesidad de una asamblea constituyente.
Incluso el ministro de Trabajo, Alfonso Adrianzén, anunció para hoy una reunión con la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) cuyo secretario general, Julio César Bazán, lo desmintió rotundamente.
Precisó que la CUT no ha recibido ninguna invitación para dialogar ni la ha solicitado, porque “un escenario donde la represión, el estado de emergencia y la matanza de compatriotas, no es un ambiente apropiado para diálogo alguno”.
Por otra parte, el Gobierno decretó el estado de emergencia a las regiones selvática de Amazonas, la norteña de La Libertad y la sureña de Tacna, en las que crecen los bloqueos de carreteras vigentes en otras.
La misma medida, que suspende los derechos de libre tránsito, reunión y detención con orden judicial, entre otros, se aplica desde el 15 de diciembre pasado en las regiones de Lima Metropolitana y las andinas de Puno y Cusco, escenarios de fuertes protestas.
También en tres provincias y un municipio de las regiones de Apurímac, Madre de Dios y Moquegua.
Entretanto, la jefa de Estado recibe múltiples críticas por insistir en descalificar a los manifestantes llegados a Lima e insistir en la mano dura contra los conflictos, en un mensaje televisivo en el que felicitó a la Policía por sus tácticas sin consecuencias mortales en la confrontación con los manifestantes.
Las bancadas parlamentarias de partidos de derecha extrema, así como medios de prensa, por el contrario, se alinearon con la posición oficial, incluso a las felicitaciones a la Policía y en algunos casos pidieron más dureza.
Un parlamentario llegó al extremo de pedir medidas contra la Universidad Nacional de Ingeniería por solidarizarse con estudiantes del interior llegados para protestar y alojarlos en las instalaciones del centro académico.
Ayer mismo, un manifestante murió abaleado en el abdomen, cerca del aeropuerto de la ciudad sureña de Arequipa, cuando participaba en el asedio a la terminal, con el fin de tomarla, lo cual también ocurrió en los aeródromos de Cusco y Puno.
La muerte elevó la cuenta de la Defensoría del pueblo a 54 vidas perdidas, entre las que 44 civiles cayeron en protestas y un policía fue asesinado y otros 10 civiles fallecieron en accidentes de una u otra manera relacionados con las demostraciones de descontento.
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