Un comunicado del centro académico rechaza la intervención de la policía antiterrorista) en la Residencia Universitaria, donde viven estudiantes del interior, con “daño material de la infraestructura y agravio físico y psicológico” al alumnado del interior y sin recursos que allí se aloja.
El pronunciamiento descarta tácitamente el aparente aval otorgado a la intervención por la polémica rectora de San Marcos, Jerí Ramón, según dijo el ministro del Interior, Vicente Romero al afirmar que la operación se realizó a pedido de la rectora y fue legal.
El objetivo de la operación fue aparentemente desalojar a los manifestantes opositores que llegaron a Lima a participar en una jornada de apoyo a su demanda de renuncia de la presidenta Dina Boluarte, que se mantiene en su segunda ola de protesta, sobre todo en el sur del país, con un saldo de más de 50 muertos.
El comunicado de la universidad precisa que su representante legal solo pidió que la Policía liberara las puertas de la extensa sede, tomadas por desconocidos que desalojaron al personal de seguridad en la noche previa y se apoderaron de sus equipos de comunicación.
“Sin embargo, la Policía Nacional del Perú, en evidente uso de la fuerza, ingresó al campus universitario, sin presencia de la Defensoría del Pueblo ni del representante del Ministerio Público. Por lo tanto, denunciamos el abuso de autoridad hacia nuestros estudiantes intervenidos arbitrariamente”, añade.
Por su parte, la rectora Ramón argumentó que no podñia imaginarse que la Policía intervengo como lo hizo, penetrando en al campus con una carro blindado que echó abajo la puerta principal.
La declaración de la universidad invocó al mismo tiempo a los poderes del Estado que tienda puentes para “solucionar la crisis política que pone en riesgo la estabilidad de todas las instituciones públicas. como actualmente padece nuestra casa de estudios”.
Asegura que tras el allanamiento destinó un equipo de abogados para la defensa de los estudiantes detenidos para obtener su inmediata libertad y exclusión de cualquier imputación penal.
En cuanto a los daños materiales, da cuenta de la orden de reparar con urgencia los daños sufridos por la vivienda universitaria durante la intervención y de la reconstrucción de la fachada destruida por el carro blindado al inicio del allanamiento.
Entretanto, la Coordinadora de Derechos Humanos exigió la definición de la situación legal de los detenidos, 191, según la Defensoría del Pueblo; es decir si con acusados de algún delito y de cual y si amerita que sigan detenidos o salgan en libertad.
La citada organización presentó ayer un hábeas corpus contra el Ministro del Interior y el jefe de la Policía, general Raúl Alfaro, por arbitrariedad y abuso de poder, recurso que pide la libertad de los detenidos.
Entretanto, cientos de marchistas volvieron a marchar hoy por el centro de la ciudad demandando la renuncia presidencial y la libertad de los detenidos, esto último, ante el cuartel policial en el que se encuentran.
jcm/mrs
