Un informe de ese organismo de justicia precisó que, culminadas las diligencias policiales, la Fiscalía “ha dispuesto la libertad de 192 personas, quedando una detenida por tener requisitoria (orden anterior de detención), aunque continuarán siendo investigados por supuesto delito contra al patrimonio.
Además, de tres de los detenidos presuntamente incursos en el delito de afiliación a una organización terrorista, se dispuso la libertad de dos y otro será investigado.
El informe fue precedido por un pronunciamiento de la Universidad Mayor de San Marcos, la más antigua de América y la más importante de Perú, en el que rechaza el allanamiento por ser un abuso y una ilegalidad.
«Ahí está. La humillación que no solucionó nada, contraproducente para cualquier intento de diálogo”, comentó la congresista Sigrid Bazán, quien agregó que el allanamiento indigna, más que solucionar las cosas.
La operación policial, en la que se utilizó un carro blindado que echó abajo la entrada y estuvo a cargo de cientos de policías, mereció críticas por lo aparatosa y humillante para los estudiantes y los provincianos llegados del interior a protestar en Lima contra el Gobierno y cuyo desalojo parece haber sido el objetivo.
jcm/mrs
