De acuerdo con la norma, suscrita por el presidente de la República, Laurentino Cortizo, la medida responde a la ley sancionada en agosto de 2022 que sanciona el conflicto de interés.
En el documento, los funcionarios deben informar sobre las actividades remuneradas o no, de tipo profesional, laboral, económica, gremial, personal o de beneficencia.
También deben decir si se aprovechan de concesiones públicas, contrataciones con el Estado, o si es proveedor del Gobierno, además, están obligados a comunicar si han recibido regalos en el último año que provengan de personas o empresas no vinculadas a su familia.
La declaración la deben presentar los ministros, viceministros, el contralor general de República y su subcontralor; al igual que los jefes de misiones diplomáticas y el Defensor del Pueblo.
Otro funcionarios involucrados son el Superintendente de Bancos, de Seguros, los miembros de juntas directivas de empresas estatales, los alcaldes, vicealcaldes, representantes de corregimiento, gobernadores, diputados y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, entre otros.
El decreto recuerda que los sujetos obligados (funcionarios) deben presentar la declaración jurada de intereses particulares más tardar a los 30 días de la toma de posesión de su cargo.
Las sanciones para quienes incumplan la ley van desde una multa equivalente de hasta cuatro meses de salario a su destitución.
Será la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) la regente en materia de conflicto de interés y deberá velar por el cumplimiento de la nueva norma, agrega el Decreto.
En agosto del año pasado, en medio de los debates de una mesa única de dialogo establecida entre organizaciones populares y el Gobierno, tras casi dos meses de protestas sociales, el Ejecutivo sancionó la ley 316 sobre conflicto de intereses en la función pública.
La iniciativa la impulsó el diputado independiente Gabriel Silva, quien aseveró que constituía una herramienta necesaria, aunque todo lo contrario visualizaron los colectivos en sus discusiones con el Ejecutivo al catalogar de inviables la mayoría de las propuestas relacionadas con transparencia y combate a la corrupción.
mem/ga
