En una conferencia de prensa de extensa introducción en la que se explayó en argumentar sus posiciones contra la dimisión y solo hubo cinco preguntas, la mandataria sostuvo que su retiro del cargo que ocupa desde el 7 de septiembre último no solucionará la crisis.
Según dijo, ante su eventual renuncia vendrían otras crisis y exigencias del movimiento social que la rechaza. “No les conviene nada más que generar caos, anarquía y ganar ellos con acciones ilegales” cuya inspiración atribuyó del narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando.
La presidenta alegó que en la primera semana de su administración como reemplazante del destituido gobernante Pedro Castillo, planteó el adelanto de las elecciones generales, aprobado por el Congreso y pendiente de ratificación, para abril de 2024, pero los manifestantes exigen que sean este año.
Preguntada sobre el rechazo de las protestas a dialogar con ella por considerarla responsable de las muertes refirió diversos intentos fallidos y sostuvo que los alcaldes y gobernadores de las regiones en protesta, los cuales se niegan a intermediar con el Gobierno, son amenazados para que se sumen a las protestas.
Dijo también que espera poder reunirse con los gobernadores para tratar las respectivas agendas de desarrollo “antes que la agenda política manipulada por un sector radical y violentista”.
La Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales se ha pronunciado a favor de realizar los comicios en los próximos meses y atender otros reclamos políticos del movimiento de protesta.
Boluarte no respondió si ordenó a la Policía no usar armas de fuego en las manifestaciones, teniendo en cuenta que la gran mayoría de las muertes fueron causadas por heridas de bala y dijo que el origen de esas balas será determinado por la fiscalía que lo investiga.
Dijo que tiene un video disturbios en el que un civil dispara a otro y que el Gobierno tiene conocimiento extraoficial de que balas “dum dum” (explosivas) fueron traídas de Bolivia por los “Ponchos Rojos”, formación indígena legal boliviana.
Sobre el criticado allanamiento policial del sábado último, de la Universidad Mayor de San Marcos, en la que fueron desalojados manifestantes llegados del interior a protestar en Lima, sostuvo que «fue legal y quizá la forma no fue la adecuada”, por lo cual pidió disculpas a los estudiantes.
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