Fue esa unas de las principales promesas de campaña de la presidenta Xiomara Castro, que casi se cumple, pero el 25 de enero último las bancadas del Congreso Nacional (CN) hondureño, tras varios diálogos, no lograron consenso por tanto no se pudo elegir la nueva Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Castro, horas antes de que los diputados decidieran por los 15 miembros de la CSJ de los 45 presentados, desde Argentina envió un mensaje en video convidando a dicha elección, pues se trataba de una oportunidad única para mejorar el sistema de justicia y reducir el alto nivel de impunidad.
Algunos análisis sobre la elección de un nuevo poder judicial, consideran que es un paso fundamental para encaminar las reformas estructurales necesarias para garantizar la independencia del sistema judicial hondureño.
Pero, además, significa un requisito esencial para la instalación definitiva junto a la Organización de Naciones Unidas, de la Comisión Internacional Contra la Impunidad y la Corrupción en Honduras, cuyo memorándum se firmó en diciembre.
Para el analista político hondureño, Alejandro Bonilla, la elección de una nueva corte suprema de Justicia es importante no solo para la soberanía nacional de Honduras sino de Latinoamérica, en este nuevo giro hacia la izquierda de algunos países de la región.
En diálogo con Prensa Latina, Bonilla recordó que fueron los poderes judiciales los que, instrumentalizados por Estados Unidos, detuvieron los procesos soberanos en varios países del continente.
“En Honduras históricamente la corte suprema de Justicia la eligieron para corresponder a las élites económicas y oligárquicas del país, quienes cubren sus actos de corrupción, crimen, saqueo del Estado y explotación laboral a través de este poder del estado”, expresó
En ese sentido, el diputado del partido Libertad y Refundación (Libre) Sergio Castellanos, aseguró que por primera vez en este siglo, los hondureños tienen la oportunidad de definir una verdadera CSJ comprometida con la ley.
A decir de Bonilla, las elecciones del Supremo aquí, a excepción de la última, nunca fueron procesos largos, pues eran arreglos entre la oligarquía representada en los dos partidos tradicionales del país (Liberal y Nacional).
Y es que la CSJ respondía a intereses de grupos de poder y el bipartidismo se repartía la corte como un pastel.
“En los últimos siete años la CSJ agudizó su crisis, en el CN en esos años, parecía una bolsa de valores viendo cuanto se le pagaba a cada diputado para elegir lo que es actualmente la CSJ”, rememoró Castellanos.
Dicha elección es considerada como uno de los actos más grandes de corrupción registrados en el país de los pinos. Según cuentan, se compraron los votos de algunos diputados hasta por tres millones de dólares.
“Para que votaran por la actual corte, la cual le puso un candado firme a la dictadura del Partido Nacional y abrió paso a la reelección ilegal de Juan Orlando Hernández”, enfatizó Bonilla.
De acuerdo con el analista, con el triunfo del partido Libre existe una mayor representación de diputados de esa bancada en el poder Legislativo que busca obtener mayoría de magistrados para combatir el crimen organizado, la corrupción y fortalecer el Estado de derecho.
Según el experto, esta nueva elección es un conflicto de clases, entre la oligarquía que quiere seguir manteniendo el poder de la justicia hondureña y el pueblo representado a través del partido Libre.
La primera moción de elección de 15 magistrados presentada el miércoles por el partido Libre no pasó a votación, mientras deben continuar los debates y consensos entre las distintas fuerzas políticas.
Bonilla explicó que el presidente del congreso Luis Redondo, seguirá convocando a sesiones parlamentarias donde se presentarán listas de 15 magistrados hasta que halla el suficiente consenso para su elección.
Diputados de Libre resaltaron entre los logros en el Legislativo la noche del 25 de enero, la aprobación por mayoría para que todos los votos para elegir la nueva CSJ serán de manera pública y no secreta como estaba estipulada.
“Una victoria de Libre en la elección de este poder del Estado significaría una victoria para América latina y sus procesos de izquierda, los cuales han tomado fuerza en los últimos meses”, enfatizó el analista.
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