Lafontant se comprometió a adoptar medidas enérgicas contra quienes perpetraron actos vandálcos, y en este sentido ordenó a los jueces de paz de las comunas de Delmas y Petion Ville a certificar los daños realizados por los manifestantes.
El fiscal, quien recientemente no fue certificado por el Consejo Superior del Poder Judicial por presuntos actos de corrupción, aseguró querer actuar de acuerdo con las prescripciones de la ley y recordó que los jueces de paz desempeñan el papel de funcionarios de la policía judicial.
El jueves cientos de policías se manifestaron en Puerto Príncipe por el asesinato de siete agentes en el departamento Artibonite, al noroeste de esta capital, y criticaron a las autoridades por enviar a los oficiales a frenar a las pandillas sin los medios necesarios.
Durante la movilización a la cual se unieron simpatizantes y activistas, atacaron las residencia oficial y privada del primer ministro que regresó el jueves de la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños celebrada en Argentina.
Además, lanzaron piedras contra el aeropuerto internacional Toussaint Louverture, bloquearon las carreteras, levantaron barricadas y denunciaron que solo en enero unos 15 policías fueron ejecutados.
El pasado año sumaron 50 los oficiales que perdieron la vida a mano de las bandas, mientras el país enfrenta una ola de violencia, inseguridad, crisis política y económica, además del aumento de la pobreza.
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