Creo que hay avances positivos en el panorama que hemos observado, hay acciones muy concretas, una conciencia muy bien establecida de dar cumplimiento a estas recomendaciones que a mí me satisface mucho, aseguró el comisionado relator para Bolivia de la CIDH, Joel Hernández.
De nacionalidad mexicana, Hernández encabezó un equipo que evaluó sobre el terreno la marcha del cumplimiento de las 36 recomendaciones emitidas en agosto de 2021 por el GIEI tras investigar los excesos registrados en el país altiplánico durante el golpe de Estado de 2019.
Sostuvo el relator a partir de las entrevistas realizadas que hay “avances sustantivos, pero evidentemente hay desafíos importantes y uno de los propósitos de la Comisión es poder identificar en dónde están los desafíos y a partir de allí sugerir rutas de acción”.
La CIDH envió en 2019 a Bolivia al GIEI para investigar los hechos de violación de los derechos humanos entre septiembre y diciembre de ese año, en que fue derrocado el gobierno del expresidente constitucional Evo Morales.
Tras concluir esa pesquisa, el GIEI entregó un voluminoso reporte en el cual confirmó masacres, ejecuciones sumarias y otras graves vulneraciones, por parte de los golpistas, e hizo 36 recomendaciones al Estado Plurinacional de Bolivia.
Recomendó entre ellas investigar, juzgar y, en su caso, aplicar sanciones a los responsables de los hechos, entre los cuales están las masacres de Sacaba y Senkata, que segó la vida de 37 personas por impactos de bala.
En 2022, el Gobierno del presidente Luis Arce y la CIDH acordaron la conformación de la Mesa de Seguimiento a la Implementación de las Recomendaciones del GIEI Bolivia por el periodo de dos años.
En ese contexto ocurrió la visita del equipo integrado por Hernández, la secretaria ejecutiva de la CIDH, Tania Reneaum, y un equipo técnico, evaluador del grado de cumplimiento de las sugerencias.
La misión comenzó sus labores el 24 de enero y concluyó el 26.
Durante su estadía sostuvo reuniones con representantes del Gobierno nacional, de la Fiscalía General del Estado, del Tribunal Supremo de Justicia, con el defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, con familiares de los fallecidos y víctimas de las masacres de Sacaba y Senkata, y actores políticos del país.
Hernández identificó entre los retos del Estado la reparación a las víctimas de la violencia desatada a partir de noviembre de 2019.
“Hay que avanzar de manera colegiada en el tema de reparación de víctimas, es un tema en donde observamos nosotros que el Estado tiene identificados dónde están los actores y obviamente la sociedad civil tiene expectativas”, concluyó.
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