El extenso y minucioso documento no duda en afirmar que se han perpetrado masacres en tres ciudades del sur peruano, así como “ejecuciones extrajudiciales más acotadas” en otras poblaciones y el número de civiles muertos es de 46 víctimas de “ejecuciones extrajudiciales”, y un policía linchado, así como una decena de civiles fallecidos en incidentes vinculados a las protestas.
“La respuesta del Estado peruano frente a las movilizaciones, ha sido de una brutalidad sin precedentes en la historia de la democracia en el país, en el presente siglo”, asevera el texto.
La CNDH, que agrupa a más de 70 organizaciones de derechos humanos, reprocha al Gobierno porque, en vez de poner fin a la violencia, los altos funcionarios gubernamentales avalan y promueven la actuación de las fuerzas del orden, a las que ofrece incluso premiar su actuación con dinero.
El panorama descrito, según el informe, “evidencia que nos encontramos ante lineamientos de una política de Estado” .
Entre los abusos denunciados, el pronunciamiento menciona el uso arbitrario de la fuerza, con letales resultados, el uso de munición prohibida, como los mortales perdigones de metal de calibre 00, canicas de vidrio y balas de plomo, así como el uso de fusiles AKM en la Policía y de fusiles Galil en el Ejército.
Menciona los disparos de bombas lacrimógenas directamente a los manifestantes, su lanzamiento desde helicópteros y menciona el ataque con esos artefactos contra el cortejo fúnebre de dos adolescentes caídos en la ciudad surandina de Andahuaylas, pese que había muchos colegiales compañeros de las víctimas.
El informe consigna golpizas a detenidos y centros de detención en condiciones atentatorias contra la dignidad humana y casos de agresión sexual contra una detenida y durante las revisiones médicas legales estudiantes y otras manifestantes detenidas en el allanamiento de la Universidad Mayor de San Marcos.
La CNDH cuestiona el uso de las Fuerzas Armadas en el control del orden interno y señala a los militares como responsables de la masacre registrada en la también surandina región de Ayacucho el 15 de diciembre.
Sostiene que los estados de emergencia que suspenden derechos y garantías ciudadanas y la declaración de Estado de emergencia en distintos puntos del país, incluyendo la ciudad de Lima, “violan el principio de proporcionalidad”.
Según la CNDH, medidas de ese tipo “agravan el riesgo de vulneraciones de derechos humanos, por la aplicación extensiva que hace la Policía respecto a personas que no realizan acciones violentas”.
Agrega los allanamientos de viviendas y locales políticos y sociales sin mediar una flagrancia delictiva que lo justifique y sin presencia de un fiscal y el caso de una vivienda en Andahuaylas usada como posición de tiro, para disparar contra los manifestantes.
Menciona la ocupación de los locales de la Confederación Campesina del Perú y la Universidad Mayor de San Marcos, la infiltración de policías vestido de paisano que incitan a cometer disturbios y realizan detenciones arbitrarias.
Igualmente la falta de identificación visible de los policías y militares uniformados, la “siembra” de pruebas para encarcelar pruebas incriminatorias.
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