Medios de prensa informaron este martes que el empresario boliviano de Non Metallic Minerals-Quiborax David Moscoso-Ruiz abrió una demanda judicial contra Mesa y su abogado, el diputado Carlos Alarcón, por los delitos de difamación, calumnias e injurias.
Ante esta acusación, Comunidad Ciudadana y el propio Mesa calificaron el inicio de este expediente como un acto de persecución política, responsabilizó de ello al Gobierno del presidente, Luis Arce, y la organización partidaria se declaró “en estado de emergencia”.
La vicetitular aclaró en conferencia de prensa que esta situación “tiene que ver con un tema privado, no del Gobierno”.
Insistió Alcón en que Mesa pretende victimizarse y politizar el tema.
“Nosotros somos respetuosos de los convenios, de la independencia de los órganos, somos respetuosos de nuestra normativa y nuestra Constitución”, reiteró la viceministra al insistir en que el Gobierno nacional no está involucrado en este asunto.
Los movimientos sociales de Bolivia exigen que Mesa sea imputado como parte del expediente judicial Golpe de Estado I en el que concurren como acusados la expresidenta de facto Jeanine Áñez y el gobernador del departamento de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.
Las pesquisas en este caso indagan sobre la conspiración y las revueltas que obligaron a renunciar al expresidente Evo Morales el 10 de noviembre de 2019.
Como resultado de ese complot, fue impuesto un gobierno de facto, asesinadas 37 personas, cientos heridos y se registraron miles de violaciones de los derechos humanos en la represión contra quienes reclamaban el restablecimiento de la democracia.
Mesa participó en la reunión en la que de manera anticonstitucional operadores políticos, dirigentes cívicos y jerarcas eclesiásticos decidieron colocar a Jeanine Áñez al frente del Estado Plurinacional.
Esa élite opositora al Gobierno del Movimiento al Socialismo busca la impunidad con el argumento de que son perseguidos políticos. jha/jpm
