De acuerdo con el dictamen de la Administración Marítima de Panamá (AMP), la filial de las trasnacional canadiense First Quantum deberá presentar ante el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) la certificación de la calibración de las balanzas y pesas, lo que se viola actualmente.
Esta nueva medida responde al propósito de hacer cumplir los convenios internacionales suscritos por el istmo cuyo fin es salvaguardar la vida humana en el mar y evitar catástrofes de contaminación en las aguas jurisdiccionales.
Según la AMP, la orden se realiza en virtud de dos hallazgos en 2017 y 2020, cuando la empresa no aportó las evidencias de la calibración de las pesas y balanzas utilizadas para medir la carga a transportar minerales.
La Resolución sustenta que, con el objeto de preservar la integridad de las naves, es de suma importancia mantener los equipos en buen estado, calibrados, certificados en cumplimiento de la normativa nacional.
Dicha calibración debe ser efectuada por un ente reconocido por la Dirección General de Normas y Tecnología Industrial del MICI, certificador acreditado de Panamá, señala ese texto.
El pasado 24 de enero, vecinos del Puerto Internacional Punta Rincón, denunciaron exportaciones ilegales por parte de Minera Panamá.
Pobladores de esa zona colocaron en las redes sociales fotografías de un barco en el muelle cuando recibía la carga, hecho que califican como «un saqueo al patrimonio de todos los panameños».
También comunicadores sociales de la oriental provincia de Colón solicitaron a los oficiales del Servicio Nacional Aeronaval para que rindan un informe de estas irregularidades.
Agregaron que con este hecho, ya son seis las embarcaciones de carga que realizaron operaciones similares, enviando material al exterior de manera ilegal, y no se tiene contabilizado cuántas toneladas de cobre y oro se exportaron.
Por su parte, la ambientalista Raisa Banfield demandó al presidente de la República, Laurentino Cortizo, que intervenga la filial de la trasnacional canadiense First Quantum, que viola la orden dada desde diciembre del pasado año de cese de operaciones comerciales.
Voceros de organizaciones sociales calificaron de improcedente cualquier negociación que emprenda el Ejecutivo con la minera, cuyo contrato de concesión fue declarado inconstitucional en 2017 por la Corte Suprema de Justicia.
Mientras autoridades del Ministerio de Ambiente (Miambiente) también señalaron a la empresa por incumplir políticas como la reforestación de áreas protegidas.
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