El proyecto persigue cuatro objetivos fundamentales y el primero es que busca enfrentar el afán punitivo con que se ha legislado en las últimas décadas, que la Corte Constitucional ha señalado como un defecto del sistema, dijo Osuna a la prensa.
Señaló que, desde la expedición del Código Penal, en el año 2000, fueron expedidas más de 60 leyes en materia penal, en las que se repite como constante la ampliación de penas y la creación de nuevos delitos.
Estas medidas, justificadas como formas de aumentar la disuasión para cometer delitos, no solo no han logrado su cometido preventivo, sino que han contribuido para perpetuar la crisis de derechos humanos que se vive en las cárceles del país, subrayó.
Por esta razón, el proyecto de ley hace algunos ajustes en el Código Penal y en el Código de Procedimiento Penal, con el objetivo de aportar a la recuperación de su sentido de racionalidad, coherencia y proporcionalidad de las penas, ajustar los topes máximos de las penas previstas en la legislación, agregó.
Al mismo tiempo, añadió, incorporar modificaciones normativas que permitan focalizar los esfuerzos de la administración de justicia en la persecución de la criminalidad grave, muy grave y reincidente.
En segundo lugar, se aboga por la justicia restaurativa como mecanismo útil y expedito de resolución de diversos conflictos sociales que se suelen tramitar por la vía penal de forma menos efectiva.
«Este enfoque busca maximizar los derechos de las víctimas, las cuales tendrán justicia pronta, con garantías para evitar su revictimización, y con reparación efectiva del daño causado», destacó Osuna al presentar la iniciativa.
La justicia restaurativa permitirá igualmente que el infractor penal se responsabilice del delito y se inserte en dinámicas de recuperación del tejido social afectado por la criminalidad para mitigar su reincidencia.
En tercer lugar, este proyecto de ley busca que la etapa de ejecución de las penas cumpla su finalidad constitucional.
Las cárceles del país han permanecido en hacinamiento por décadas, actualmente con una población superior a la capacidad en un 20 por ciento en promedio (cerca de 100 mil personas disponen de alrededor de 80 mil cupos), enfatizó.
En los últimos años, se ha presentado una situación anómala de desbordamiento del hacinamiento carcelario hacia las estaciones de policía y como consecuencia en estos lugares existe un hacinamiento del 150 por ciento, en donde más de 22 mil personas permanecen recluidas.
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