“Va a continuar (la audiencia) con la recepción de testigos que han sido ofrecidos por el Ministerio Público”, aseguró Pinto en entrevista a la red de medios estatales.
Calificó de “moroso” este proceso judicial porque, según explicó, se tienen a seis acusadores y seis imputados, y se prevé, por tanto, 12 intervenciones.
Yassir Molina, Mario y Fabio Bascopé, y Milena Soto son procesados por los actos de violencia y la destrucción que causaron en el edificio patrimonial de la Fiscalía General del Estado en la ciudad de Sucre en 2020.
La Fiscalía pide que los imputados sean condenados a 20 años de prisión.
En las acusaciones contra los miembros de la RJC figuran los presuntos delitos de organización criminal, fabricación de armas caseras ilícitas como bazucas y destrucción del patrimonio histórico en la ciudad de Sucre.
Pinto informó que, tras la fase de la exclusión de pruebas se resolvió eliminar cinco de las aportadas por la Fiscalía, las cuales fueron observadas por la defensa de los imputados.
Además, el Ministerio Público renunció a otras 20, por eso ahora solo quedan 103 vigentes en esta etapa del juicio.
Autores de agresiones y ataques racistas especialmente contra mujeres indígenas e integrantes del Movimiento al Socialismo durante las revueltas que desembocaron en el golpe de Estado de noviembre de 2019, Molina y sus cómplices encaran la justicia ordinaria en este expediente.
La RJC cobró celebridad después de los comicios generales de octubre de 2019, cuando respaldaron con protestas y acciones violentas la matriz propagandística de un supuesto fraude, nunca demostrado, impulsada por la Organización de los Estados Americanos y, posteriormente, al gobierno de facto de Jeanine Áñez impuesto tras la renuncia del expresidente Evo Morales.
Fueron los motociclistas de la RJC quienes atropellaron y humillaron a cientos de mujeres indígenas que participaban en una marcha en Cochabamba con la exigencia de respeto a la democracia en vísperas del golpe de Estado.
También sus efectivos secuestraron el 6 de noviembre de 2019 a la alcaldesa de Vinto, Patricia Arce, le cortaron el cabello y luego la condujeron descalza y a empujones por las calles, mientras la insultaban y vertían sobre ella pintura roja, actos filmados y colocados en Internet.
Durante el régimen de facto (2019-2020) estos grupos de choque cometieron numerosos actos de violencia contra integrantes de los movimientos sociales e inmuebles públicos y propiedad de miembros del Movimiento al Socialismo-Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP).
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