El grupo congresal, de mayoría derechista y enconado opositor de Castillo durante poco más de 19 meses que ejerció el cargo, nombró a los legisladores Lady Camones y Diego Bazán para que elaboren la acusación que presentarán ante el pleno legislativo.
La decisión fue tomada con 19 votos a favor, nueve en contra y una abstención, y fue originalmente preparado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales sobre la base de un informe de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides.
El pleno parlamentario decidirá en última instancia si da luz verde a Benavides para que denuncie al exgobernante en los tribunales para su juzgamiento del exmandatario por los posibles delitos de
organización criminal, tráfico de influencias y colusión.
Los cargos están relacionados con los contratos presuntamente irregulares de la construcción de un costoso puente, la compra por la empresa estatal de hidrocarburos Petroperú, de biodiesel, a una privada y a obras del Ministerio de Vivienda.
La misma comisión recomendó por unanimidad acusar por posibles delitos similares a los exministros de Transporte y Comunicaciones, Juan Silva, y Vivienda y Construcción, Geiner Alvarado.
De otro lado, el presidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Federico Llaque, fue sometido por la comisión de Fiscalización del Parlamento a un largo interrogatorio sobre una publicación en el diario digital El Salto.
La convocatoria se debió a la molestia que causó a los congresistas contrarios a Castillo la entrevista, en la que el exmandatario pidió respeto a su condición de presidente que, según dijo, mantiene por considerar que fue vacado (destituido) ilegalmente por intentar la disolución del Parlamento, adverso el 7 de diciembre último.
Llaque explicó que la entrevista no se hizo en la prisión para altos funcionarios en la que se mantiene Castillo desde su destitución y prisión sumarias y que el expresidente está sujeto a un régimen carcelario normal, de derechos y obligaciones.
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