“Es momento de dar un giro de política pública en este tema”, afirmó el portavoz en la Cámara de Representantes de Puerto Rico del ecléctico Movimiento Victoria Ciudadana (MVC).
El planteamiento surge cuando los asesinatos a tiros, principalmente vinculados al trasiego de drogas, se han disparado en el inicio de este año, después de cerrar el 2022 con 925 incidentes de muertes violentas documentados, incluido un agente federal antinarcóticos en aguas internacionales por traficantes de República Dominicana, vinculados a delincuentes de Colombia y Venezuela.
“Desafortunadamente, este cuatrienio hemos visto medidas legislativas para flexibilizar el acceso a armas, mientras la calle nos está demostrando que existe un acceso desmedido y descontrolado”, manifestó Márquez.
El parlamentario reclamó que necesitamos políticas de seguridad y fiscalización al momento de poner armas y municiones en las manos de la gente.
En enero pasado el Buró Federal de Investigaciones (FBI) decomisó armas y municiones de una armería de larga data en el sector capitalino de Santurce tras detectar que desde allí se abastecía ilegalmente a sectores vinculados al narcotráfico.
Además, se detectó un uso excesivo de municiones por particulares con el presunto propósito de tiro al blanco, lo que no se corresponde con la realidad fáctica y ello levantó sospecha de que se comerciaban al bajo mundo.
“Sabemos que para reducir el crimen y la violencia hay que encaminar múltiples estrategias sociales, pero definitivamente reducir el acceso descontrolado a armas de fuego es una de ellas”, expuso el diputado.
Reclamó que en Puerto Rico necesitamos políticas de seguridad y fiscalización al momento de poner armas y municiones en las manos de la gente, contrario a lo que ocurre en Estados Unidos, donde se puede adquirir un arma de guerra como si se tratara de unos calcetines.
Márquez coincidió con expresiones del jefe del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE), Rafael Freytes, quien recomendó esta semana que la Ley de Armas limite la cantidad de municiones que una persona puede comprar, tras una serie de arrestos por trasiego de armas que incluyó a individuos con licencia de portación.
De igual forma se ha expresado antes el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, al destacar en sus informes el contraste entre la cantidad de armas estimadas en Puerto Rico y la cantidad de municiones disponibles anualmente.
“Los datos de la ATF (Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos) demuestran que la gran mayoría de las armas asociadas a crímenes provienen de ventas legales originadas, en primer lugar, en Florida y, en segundo lugar, aquí mismo en Puerto Rico”, dijo el portavoz del Movimiento Victoria Ciudadana.
A su juicio, esto evidencia que la industria de armas legales está nutriendo directa o indirectamente el crimen organizado, por lo que propone exigir grabaciones en video y audio de las armerías, de manera que la Policía de Puerto Rico tenga mayores herramientas al momento de investigar denuncias de ventas o tráfico ilegal de armas.
También sugiere Márquez, crear por ley zonas libres de estas, de manera que las autoridades puedan tomar mayores acciones preventivas en estos espacios y, a su vez, la ciudadanía sienta mayor confianza al asistir a lugares o eventos públicos.
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