De acuerdo con un comunicado de DOJ, el monto será distribuido entre 19 estados y el Distrito de Columbia, que tienen “leyes de bandera roja”, también conocidas como órdenes de protección contra riesgos extremos.
Estas disposiciones están destinadas a quitar temporalmente las armas a las personas con un comportamiento potencialmente violento y evitar que se lastimen a sí mismas o a otros.
El presidente Joe Biden y otros funcionarios apoyan dichas leyes como una herramienta poderosa para detener la violencia armada antes de que suceda.
Sin embargo, algunos críticos temen que puedan usarse para restringir erróneamente los derechos de la Segunda Enmienda, señala CBS News.
Parte de los 231 millones en fondos también se destinarán a procedimientos judiciales de intervención en crisis y otros programas de reducción del crimen, refiere el medio.
Este financiamiento se incluye en los 1,4 mil millones de dólares proporcionados al Departamento de Justicia, tras la aprobación -en junio de 2022- de un proyecto de ley bipartidista sobre seguridad de las armas, que refuerza los controles de antecedentes para los compradores de entre 18 y 21 años.
Según la organización Gun Violence Archive, el total de muertes en Estados Unidos por armas de fuego en 2022 fue de 40 mil 376.
No obstante, si bien las agresiones armadas dejan pocos lugares ilesos en este país, muchos estadounidenses consideran sacrosanto su derecho a portar armas, consagrado en la Segunda Enmienda de la Constitución, mientras los críticos dicen que ello amenaza la garantía a la vida.
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