El recorrido, que se extenderá hasta el próximo día 21, arranca en el capitalino cantón de Pérez Zeledón con el fortalecimiento del área de cardiología del hospital Fernando Escalante Padilla, y la inauguración de unas bodegas climatizadas.
Posteriormente, se trasladará a Buenos Aires, en la provincia de Puntarenas, para reunirse con presidentes de las asociaciones de desarrollo e indígenas, atender a la prensa y un diálogo con autoridades locales.
A propósito de ese recorrido por la zona sur, donde habitan cinco pueblos originarios en 12 territorios, la organización aborigen Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS) rechazó declaraciones del presidente Rodrigo Chaves y las calificó de discriminatorias contra las comunidades indígenas de Costa Rica.
En la habitual conferencia de prensa de los miércoles y a propósito de esa gira, el mandatario tico aseveró que ningún gobierno hasta la fecha había puesto un solo colón desde 1977 de presupuesto para compensar a gente que compró con título, plano catastrado y con el aval de la Comisión de Asuntos Indígenas (Conai) y del Registro Nacional.
Chaves indicó además que van a negociar con ambas partes, que llevan un plan, dinero para compensar, y que se estarían utilizando mil hectáreas para negociar con personas no indígenas de buena fe como las que describió.
La CLSS afirma que esos comentarios y aseveraciones evidencian un desconocimiento profundo sobre el tema de la ocupación ilegal de los Territorios Indígenas y de los procesos de recuperación de tierras–Territorios y ponen de manifiesto percepciones discriminatorias hacia estos Pueblos.
Asegura que todo traspaso o negociación de tierras o mejoras de éstas en las reservas indígenas, entre indígenas y no indígenas, es absolutamente nulo, con las consecuencias legales del caso.
La CLSS insta al presidente tico a que se informe y asesore de mejor manera para no repetir estas desafortunadas, racistas y discriminatorias declaraciones y que cumpla con sus obligaciones; que indemnice o reubique a los pocos poseedores de buena fe todavía existentes.
Asimismo, prosigue, que inicie con los procesos de desahucio administrativo contra los ocupantes ilegales priorizados por cada pueblo originario, pues el cómo hacerlo está establecido en la Ley Indígena y su fundamento fue recientemente ratificado por la Sala Constitucional, así que solo es tener voluntad política y actuar.
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