En una sesión que se prolongó por más de cinco horas, el pleno legislativo dio luz verde al proceso con 39 votos a favor, 23 en contra y tres abstenciones, al cabo de un largo debate en el que sus detractores lo señalaron como culpable en virtud de una investigación inicial de la Fiscalía.
Las pesquisas se basan en la presunción o en indicios de que Castillo incurrió en el delito de organización criminal dedicada presuntamente a favorecer a determinadas empresas a cambio de beneficios económicos, así como los de tráfico de influencias y colusión.
Sus defensores, de bancadas de izquierda, votaron en contra o se abstuvieron por considerar que el trámite no se había ajustado al debido proceso porque el pedido de la Fiscalía se planteó cuando Castillo era aún presidente y no había sólidos indicios en su contra.
También criticaron, al igual que su abogado, Eduardo Pachas, que no se permitiera al exmandatario ejercer su defensa en la cámara, lo cual fue descartado por su situación carcelaria.
Castillo permanece en prisión preventiva desde el 7 de diciembre, cuando el Parlamento lo destituyó por anunciar la disolución de ese poder del Estado.
En la misma sesión el pleno aprobó, por unanimidad y con celeridad, acusar constitucionalmente a dos exministros ministros de Castillo, de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, quien está prófugo, y de Vivienda, Geiner Alvarado.
Horas antes el primer ministro, Alberto Otárola, pidió públicamente al Parlamento que apure el proceso por presunta corrupción, para evitar que Castillo pueda obtener, mediante una acción de amparo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un fallo favorable y obtenga la libertad y su retorno a la Presidencia.
Otárola hizo similar llamado a la Fiscalía y al Poder Judicial y señaló el hecho de que la CIDH no interviene en procesos como el aprobado hoy, referido a contratos irregulares de obras públicas, la construcción de un costoso puente y la cuantiosa compra de biodiesel por la empresa estatal de hidrocarburos, Petroperú.
Defensores de Castillo y juristas afirman que la vacancia (destitución) del expresidente carece de validez porque no se ciñó al debido proceso.
Insistieron en que no fue prevamente sometido a un antejuicio ni pudo ejercer su defensa, procedimiento obviado por el Congreso opositor con el argumento de que el exgobernante incurrió en delito flagrante al anunciar la disolución del Legislativo.
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