El ministro interino de Finanzas, Ghazi Wazni, expresó sorpresa por la noticia, al decir que la compañía con sede en Nueva York aceptó una prórroga de para realizar su faena.
La declaración de la auditora alega que el Banque Du Liban (BDL) evitó proporcionar información con el pretexto de que violaría la ley del secreto bancario.
“Me sorprendió esa decisión, dijo Wazni, y explicó que Álvarez y Marsal acordó darle el tiempo al Estado para quitar los obstáculos”.
Esa ley, alguna vez pilar del sistema bancario libanés, captó a numerosos clientes del mundo árabe que apreciaban el anonimato de sus cuentas.
La tarea encomendada a Álvarez y Marsal es una de las exigencias dentro de la iniciativa del presidente francés, Emmanuel Macron, quien la condicionó para gestionar ayuda financiera internacional en beneficio de El Líbano.
Una auditoría forense es un examen y evaluación de registros financieros de una empresa o de un individuo para obtener pruebas demandadas por un tribunal de justicia o en un procedimiento legal.
De los resultados de esa investigación, la percepción popular abrigaba esperanzas de conocer adónde fueron a parar miles de millones de dólares en las últimas tres décadas.
Es ostensible que en El Líbano el jurado de más peso lo sustenta la sublevación popular iniciada el 17 de octubre de 2019 por considerar inepta, venal y corrupta la elite gobernante a la cual achaca la peor crisis económica y financiera del país en décadas.
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