Todo ciudadano tiene el derecho constitucional, en caso de insatisfacción con la actual situación política y socioeconómica, de manifestarse y expresar su opinión, subrayó la entidad profesional independiente.
«Sin embargo, esto no puede ni debe llevar a situaciones en las que se atente contra personas, objetos estatales y privados», señaló la ASJ mediante un comunicado.
Sea cual sea el motivo esgrimido, el ataque al edificio de la Asamblea Nacional, la destrucción de otros, los incendios provocados y el saqueo de locales comerciales, atentan contra la democracia y son actos punibles por la ley, consideró.
Estos hechos constituyen una señal en la pared de la caída del país en la anarquía cuando los periodistas independientes sufrieron durante el ejercicio de su trabajo, comentó en el texto.
Calificó de sucesos muy graves la intimidación verbal con amenazas, la destrucción del material de las cámaras, el robo de un teléfono móvil y el incendio del coche de un miembro de la prensa».
Los periodistas están en primer lugar al servicio de la sociedad, para proporcionarle, en este caso, información de primera mano sobre lo que ocurre, remarcó el mensaje.
La ASJ pidió al Ejecutivo que haga todo lo que esté en su mano para garantizar la preservación y el respeto de los derechos y obligaciones derivadas de su condición.
Llamó a la sociedad que reflexione y trate con sensatez la democracia, la proteja y la viva adecuadamente, tanto en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión como en el respeto a de prensa.
Los disturbios suscitados en Surinam días atrás tuvieron como telón de fondo la intensa inflación y el rechazo a medidas de austeridad impuestas por la administración del Estado, entre ellas el cese de subsidios básicos por recomendación del Fondo Monetario Internacional.
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