El agente Jhon Torres está pendiente de un pedido de prisión preventiva por los supuedsto delitos de desobediencia, ofensas a un superior y deserción, porque en diciembre pasado renunció tras las muertes de 17 civiles en la ciudad de Juliaca, en la región surandina de Puno.
Por su parte, la defensa de la cantante puneña Yarita Lizeth denunció que la Fiscalía de Crimen Organizado tiene órdenes de investigar sus posesiones e ingresos, a partir de la hipótesis no probada de que al narcotráfico y la minería ilegal financian las protestas que persisten en Puno.
El suboficial Torres, nacido en Juliaca, fue sometido a juicio con el argumentó de que, al anunciar su renuncia a filas en un video difundido por Internet por su rechazao a las muertes registradas en enero pasado, se solidarizó con su pueblo contra las protestas y demandó la renuncia de la presidenta Dina Boluarte.
La fiscalía sostiene que cometió delitos al ofender a la mandataria con su pedido de renuncia y pronunciarse antes de culminar el trámite oficial de su retiro.
«El día 9 de enero, en mi tierra natal de Juliaca, fallecieron 17 hermanos y resultaron heridas y heridos decenas de compatriotas. Este hecho me causó indignación, por lo cual me vi en la obligación de renunciar y dejar la institución policial. Inmediatamente, el 10 de enero, presenté mi solicitud de renuncia», dijo Torres en el vídeo.
“Un policía ejemplar renuncia. La respuesta: le abren investigaciones. Las instituciones no deben estar al servicio de una dictadura, sino al servicio de la democracia. Hechos vergonzosos que no sorprenden, pero siguen indignando”, comentó la analista Laura Arroyo.
La cantante folclórica Lizeth, según denuncias públicas, es investigada como financista de las protestas por su apoyo resuelto al traslado de delegaciones de Puno a Lima, prestando el moderno autobús que usa en sus giras para trasladar manifestantes a Lima, a sumarse a provincianos de diversas regiones para protestar allí.
Llenó inclusive las bodegas de equipaje con alimentos no perecederos, agua y otros productos, viajó con el grupo de voluntarios a la capital, marchó con ellos y hace unos días donó 50 mil soles (más de 13 mil dólares) para la atención a los heridos en la represión de las protestas.
“Lo que pasó en mi tierra, cuántas personas fallecieron, de la manera en que fallecieron, fue terrible. Era un momento desesperante, estaba triste. Al ver tantas per·sonas que son mis hermanos, a mi pueblo, que está sufriendo, yo no podía estar como si nada pasara”, explicó.
La investigación a la que está sometida se debe también a que la Fiscalía de la Nación, asumiendo el discurso oficial sobre posible financiamiento de las protestas por el narcotráfico y la minería ilegal, encargó las indagaciones de Puno a fiscalías especializadas en crimen organizado.
La analista Arroyo comentó que la indagación a la cantante es alucinante, porque la investigación tributaria cuando ella asume “una posición política de apoyo al pueblo movilizado, para amedrentarla”.
“Las instituciones no son iguales para todos y luego se preguntan que por qué hay gente descontenta con esta ‘democracia’”, agregó.
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