Un comunicado de esa instancia informó, como autoridad central en materia de extradiciones, que ha tomado conocimiento que el Departamento de Estado norteamericano concedió la extradición de Alejandro Toledo, por los delitos de colusión y lavado de activos.
El reporte agrega que la Oficina de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones de la Fiscalía de la Nación coordina con autoridades norteamericanas para la próxima extradición del exgobernante.
El exprocurador Iván Meini precisó que lo informado confirma que el gobierno estadounidense, a través de su Departamento de Estado, dio luz verde a la entrega de Toledo a la justicia peruana, lo que culmina seis años de fatigosos trámites de extradición.
Los delitos imputados a Toledo están vinculados a la recepción de sobornos por 35 millones de dólares de la empresa brasileña Odebrecht, según confirmó la citada compañía.
También ratificó los sobornos Yosef Maiman, empresario israelí y exagente de inteligencia de Israel, quien recibió en sus cuentas el dinero y lo trasladó a Toledo, de lo que dio minuciosa información.
El caso fue detectado por la denuncia de un agente de bienes raíces a quien Toledo no pagó sus honorarios por la compra de una lujosa oficina en Lima, lo que hizo sonar las alarmas de la prensa.
Ante el escándalo periodístico, Toledo afirmó que la oficina y una costosa residencia las había realizado como inversión de su suegra belga, Eva Fernenbug, lo que fue rápidamente desmentido.
La Fiscalía comenzó a investigar el caso hace 10 años, el 31 de enero de 2013, inicialmente por posible enriquecimiento ilícito, y confirmó que Toledo había abierto cuentas en Costa Rica y Panamá para recibir fondos de Maiman y trasladarlo por partes a Perú.
El caso incluye a la esposa del exgobernante, Eliane Karp, cuya situación no precisa el informe de la Fiscalía, así como tampoco la de Avi Dan On, otro exagente de inteligencia de Israel involucrado en la apertura de las cuentas que encubrían el dinero.
En febrero de 2017 un juez ordenó la prisión preventiva del exmandatario, pero este se había fugado a Estados Unidos.
Según el procedimiento establecido, un fiscal debe tramitar la prisión preventiva de Toledo, para garantizar su presencia en Perú durante el juicio en su contra.
El exgobernante será así el tercer presidente encarcelado y se sumará a Alberto Fujimori (1990-2000), condenado a 25 años por crímenes de lesa humanidad y corrupción, en un presidio especial para altos exfuncionarios.
El exmandatario Pedro Castillo se encuentra en esa cárcel en prisión preventiva desde el 7 de diciembre, cuando fue destituido, y es investigado por el presunto delito de rebelión, por haber anunciado la disolución del Parlamento, sin que la medida se ejecute, y es indagado por casos de presunta corrupción.
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