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Encuesta destaca baja corrupción en El Salvador

San Salvador, 23 feb (Prensa Latina) La población de El Salvador percibe menos corrupción en el país que en otras naciones, destacan hoy medios de prensa al citar una encuesta de Cid Gallup.

La pesquisa indica que con un cuatro por ciento, el país se ubica como el de menor escala de corrupción, mientras que Perú encabeza la lista con el mayor porcentaje, un 61 por ciento de la población tiene esa opinión.

El muestreo ejecutado durante el mes de enero en naciones de América Latina en un universo de mil 200 personas por país y por teléfono, encontró percepciones elevadas de corrupción en varios, como Colombia (44 por ciento), Guatemala (40), Ecuador (37), Panamá (37), entre otros.

El sondeo salió a la luz coincidiendo con una denuncia publicada por el diario El Faro que indica que una empresa denominada Sociedad Castro Sol S.A de C.V (Casol), recibió medio millón de dólares de la partida secreta del gobierno de Mauricio Funes.

Lo llamativo del caso es que los presuntos dueños de esa sociedad son Ernesto Castro, presidente de la Asamblea Legislativa, y su esposa, Michelle Sol, ministra de Vivienda del actual Gobierno.

Entre septiembre de 2010 y agosto de 2011, esta empresa familiar administró la cocina de Casa Presidencial (Capres) y sirvió platos de comida al Estado Mayor Presidencial durante la administración de Funes, quien confirmó que la sociedad de la familia Castro Sol fue «seleccionada a dedo».

Este hecho contradice la narrativa impulsada por estos dos fundadores de Nuevas Ideas, quienes atacan a los que recibieron fondos de la partida secreta, aseveró la publicación.

Como presidente del Legislativo, Castro aprobó el 5 de mayo de 2021 una amnistía para delitos de corrupción que funcionarios del Gabinete de Salud Ampliado -dirigido por Carolina Recinos- pudieron haber cometido en 2020, en las compras durante la pandemia de insumos hospitalarios y en la adecuación del Hospital El Salvador, amplió El Faro.

El presidente de la Asamblea (2021-2024), Castro y sus diputados presuntamente promovieron la aprobación de una nueva Ley de Compras que permitirá a la Presidencia de Nayib Bukele adjudicar contratos por mil 500 millones en mega obras públicas de manera discrecional y sin generar competencia, agregó el periódico.

lam/lb

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