Según informes difundidos aquí por versiones periodísticas en Internet, el exgobernante neoliberal (2001-06), a través de sus abogados, pidió a la jueza Laura Beeler, de San Francisco, Estados Unidos, que suspenda su envío a Lima hasta que se conozca el fallo al hábeas corpus contra la extradición que presentó en noviembre del año pasado.
Aquella apelación fue rechazada, pero los defensores de Toledo arguyen que fue desestimada cuando la extradición era solo una posibilidad, pero ahora es inminente y el recurso debe ser reconsiderado.
Agregaron que la situación peruana se ha tornado considerablemente más peligrosa tras el cese de Castillo y las protestas sociales que desató la medida y la condición del sistema carcelario peruano son deficientes.
Sin embargo, en Lima se prevé que tras su llegada, Toledo será internado en un presidio exclusivo para ex altos funcionarios, donde cumplen prisión los expresidentes Alberto Fujimori (1990-2000), condenado por crímenes de lesa humanidad, y Pedro Castillo, desde diciembre último, por su intento de dar un golpe de Estado.
La prisión preventiva de Toledo es inevitable debido a que en 2017 viajó a Estados Unidos para no volver, tras ser alertado de que era inminente su detención.
En Lima, el exprimer ministro Yehude Simón, un político de centroizquierda, pidió horas antes de que se conociera la nueva apelación del exgobernante, tener en cuenta que el Toledo no ha llegado y no es absolutamente seguro que lo haga.
Comentó que siempre hay subterfugios cuando se trata de eludir a la justicia y muchas veces hay cómplices de esos afanes que ayudan a la evasión.
Toledo es acusado colusión agravada y lavado de activos, por recibir hasta 35 millones de dólares en sobornos de la empresa brasileña Odebrecht, a cambio de contratos de obras viales, lo que confirmaron con pruebas la empresa y el intermediario del pago, y de intentar ocultar los fondos en cuentas en el exterior como si fueran inversiones de su anciana suegra belga, Eva Fernenbug.
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