Por un lado, la subsidiaria de la trasnacional canadiense First Quantum paralizó las operaciones de procesamiento de mineral y de embarque de concentrado de cobre en la provincia de Colón, mientras el Ejecutivo demandó el cumplimiento de aspectos técnicos establecidos por la Autoridad Marítima de Panamá (AMP).
En consecuencia, proveedores y trabajadores se manifestaron en plazas de la capital y la compañía anunció que iniciaría una desmovilización parcial de su fuerza laboral integrada por más de ocho mil operarios y contratistas, los cuales esperan que el impacto aumente significativamente en las siguientes semanas si no se reanudan los envíos del concentrado.
Sin embargo, la asesora del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), Zaritma Simon, aseveró a los manifestantes que no hay una solicitud para suspender los contratos de trabajo de los empleados de la mina.
En ese sentido, el Gobierno exhortó en un comunicado a Minera Panamá cumplir con las regulaciones ante las instituciones pertinentes y procesos necesarios para el funcionamiento seguro y solicitó que “se abstenga de crear desasosiego e incertidumbre».
Además de las reducciones de la fuerza laboral, la empresa minera dijo que ha dejado de comprar suministros y servicios que equivalen a 20 millones de dólares en ingresos semanales a más de dos mil empresas panameñas.
También aseveró que la interrupción en enero pasado de las operaciones de carga de concentrado de cobre en puerto Punta Rincón es el resultado de la negativa por parte de la AMP que demandó la certificación de la calibración de las balanzas y pesas.
Por su parte, ambientalistas como Raisa Banfield exigen al presidente de la República, Laurentino Cortizo, que intervenga Minera Panamá que viola la orden dada desde diciembre del pasado año de cese de operaciones comerciales.
Las autoridades habían concedido a Minera Panamá hasta el 14 de diciembre pasado para firmar el acuerdo anunciado a principios de 2022, que comprendía subir el pago de regalías a un mínimo de 375 millones de dólares por año, mejorar las condiciones laborales, de protección del medio ambiente y a las comunidades aledañas
Mientras voceros de organizaciones sociales calificaron de improcedente cualquier negociación que emprenda el Ejecutivo con la compañía, cuyo contrato de concesión fue declarado inconstitucional en 2017 por la Corte Suprema de Justicia.
mem/ga
