durante la colonización sigue atentando contra el mejoramiento de las
relaciones bilaterales.
Por Nicholas Valdés
Periodista de la redacción de Asia-Oceanía
Recientemente, Seúl anunció una nueva iniciativa para compensar a las víctimas del trabajo forzado durante la ocupación japonesa de la península coreana (1910-1945) mediante una fundación pública, en lugar del pago directo de las firmas japonesas responsables.
Sin embargo, las víctimas y grupos cívicos protestaron contra esa medida, al alegar que el asunto no se trata de dinero, sino de abordar de forma seria y consecuente las
violaciones de los derechos humanos cometidas por el militarismo nipón.
La intrusión de Japón en los asuntos internos de Corea comenzó con el tratado de Kanghwa, firmado en 1876 con la entonces dinastía Joseon. Los acontecimientos que condujeron a la colonización de la península se aceleraron tras el asesinato en 1895 de la reina Myeongseong y el tratado de Portsmouth de 1905, que puso fin a la guerra ruso-japonesa, y con posterioridad Tokio la ocupó y anexó en 1910, en virtud de otro acuerdo.
En 1965, ambos convenios fueron declarados sin validez por Seúl y Tokio. Pero las miles de víctimas explotadas por empresas niponas durante 35 años nunca fueron resarcidas.
El gobierno del presidente Yoon Suk-yeol trató en los últimos meses de avanzar hacia la resolución definitiva, en consonancia con los históricos fallos consecutivos de 2018 del Tribunal Supremo de Corea del Sur contra las firmas niponas Mitsubishi Heavy Industries y Nippon Steel Corp.
La directora general para los Asuntos de Asia y el Pacífico del Ministerio surcoreano de Asuntos Exteriores, Seo Min-jung, dijo que ahora valoran la posibilidad de que una entidad de terceros pueda compensar a los demandantes en nombre de las empresas japonesas.
Seo explicó que la Fundación para las Víctimas de la Movilización Forzosa del Japón Imperial resulta la entidad ideal en términos de reducir la duración y el proceso necesarios para establecer un nuevo fondo.
La funcionaria añadió que se tiene previsto contactar a cada uno de los demandantes y familiares sobrevivientes para pedir su consentimiento.
Por su parte, la fundación seleccionada para la operación anunció que desde diciembre de 2022 enmendó sus reglamentos internos para permitirle a los implicados crear el fondo de compensación dirigido a las víctimas.
Las voces de los explotados
Tras el anuncio de la Cancillería surcoreana, los grupos de activistas dejaron clara su postura de rechazo con el argumento de que carece del involucramiento directo de las firmas japonesas.
El plan gubernamental degrada esencialmente la gravedad del problema histórico, al tratarlo como un mero asunto financiero.
Si el Gobierno surcoreano acepta donaciones de compañías locales para la compensación,
eso equivale a reconocer la postura de Tokio de que el Tribunal Supremo se equivocó en sus fallos de 2018, declaró el activista Lee Guk-eon, jefe de un grupo cívico de la sureña región de Gwangju.
Por su parte, la organización Acción Conjunta por la Justicia Histórica y las Relaciones Pacíficas entre Corea y Japón declaró una «semana de acción concertada» para los días previos al feriado del Día del Movimiento (que se celebra cada 1 de marzo), al tiempo que pidieron
al gobierno surcoreano cesar con lo que calificaron de “enfoque capitulatorio de diplomacia».
Los participantes también anunciaron la realización de una manifestación nacional el 1 de marzo, con sede central frente al Ayuntamiento de Seúl, para demandar una disculpa de Japón y una compensación directa de las empresas niponas implicadas en crímenes de guerra.
Pese a las objeciones de las víctimas, Seúl y Tokio han realizado varias rondas de consultas sobre las formas de resolver el problema, pero evitaron la presencia directa de las compañías implicadas.
Y es que Japón se mantiene firme en su posición, con el pretexto de que todas las cuestiones de compensación relacionadas con el gobierno colonial en la península coreana se resolvieron en virtud del tratado rubricado en 1965.
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