En una conferencia de prensa en la norteña ciudad de Lambayeque, la presidenta Dina Boluarte se abstuvo de responder una pregunta de un reportero y encargó que lo haga el ministro del Interior, Vicente Romero.
Romero se limitó a confirmar lo anunciado por el canciller español, José Manuel Albares, quien indicó esa semana que su país suspendió el suministro del material antimotines solicitado, lo cual le pidió la organización Amnistía Internacional, que emitió un informe que consigna violaciones de derechos humanos en Perú.
El ministro dijo que, ante tal situación, hay otros proveedores a los cuales acudirá y que Perú vive bajo estado de derecho, con sus instituciones activas y que el Ministerio Público investiga las protestas y sus consecuencias.
Desde el inicio de las demostraciones opositoras, el 7 de diciembre último, tras la destitución y detención del presidente Pedro Castillo, han muerto 48 manifestantes y un policía en disturbios, así como 11 personas en accidentes vinculados a las protestas.
Tanto la presidenta Boluarte como el primer ministro, Alberto Otárola y otros titulares y exfuncionarios son objeto de denuncias por el tema, e investigados por la Fiscalía.
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