De resultar contrario al proyecto de la Casa Blanca, el dictamen del mayor tribunal del país supondría una debacle financiera para millones de ciudadanos que, pese a trabajar, no logran desprenderse de los compromisos contraídos mientras estudiaban, advierten analistas.
“Si la Corte Suprema se pone del lado de los jueces extremistas, los costos mensuales de millones de estadounidenses aumentarán significativamente cuando se reanuden los desembolsos a los acreedores más adelante este año”, reveló un informe encargado por la senadora Elizabeth Warren, citado por el sitio Common Dreams.
Añadió el análisis que reducir la carga de la deuda a través de la cancelación ayudará a evitar incumplimientos cuando se retomen los pagos de préstamos y garantizará que los prestatarios no enfrenten la ruina financiera mientras la economía continúa recuperándose de la pandemia de Covid-19.
Aunque Biden ignoró las demandas de los progresistas de la cancelación universal de la deuda estudiantil, su administración anunció en agosto pasado varias medidas de alivio, incluida una para eliminar hasta 10 mil dólares a los deudores federales con ingresos individuales de menos de 125 mil, y hasta 20 mil para los beneficiarios de la Beca Pell.
Los legisladores republicanos y los activistas de derecha respondieron con una andanada de demandas.
Las solicitudes de ayuda se abrieron en octubre último, pero se cerraron un mes después de que un juez federal designado por el expresidente Donald Trump (2017-2021) bloqueó el plan de Biden, considerándolo “ilegal”.
En ese momento, 26 millones de prestatarios ya habían solicitado acogerse a la propuesta, o eran automáticamente elegibles para el alivio, y 16 millones de peticiones fueron aprobadas por completo y enviadas a los administradores de préstamos.
Con su iniciativa en suspenso, el mandatario extendió la moratoria sobre los pagos de préstamos estudiantiles federales, una política que se implementó por primera vez al comienzo de la pandemia de Covid-19 en marzo de 2020, y que expiraba el 31 de diciembre de 2022, y ahora prorrogada hasta el 30 de junio de 2023.
Los pagos se reanudarán 60 días después de esa fecha, o dos meses después de que la Corte Suprema dicte su decisión. mgt/ifs
