La medida fue planteada ante la Corte Suprema por el fiscal supremo Uriel Teran, y la misma incluye además de Castillo a los extitulares de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, prófugo, y de Vivienda y Construcción, Geiner Alvarado.
Según la hipótesis de la Fiscalía, Castillo encabezaba la organización que integraban Silva y Alvarado, entre otros, dedicada a gestar contratos irregulares y designar funcionarios para las irregularidades denunciadas, con el fin de obtener sobornos.
La audiencia judicial de debate del pedido de prisión preventiva fue convocada para el viernes próximo.
Castillo cumplía ya una prisión preventiva de 18 meses por la investigación de que es objeto por el presunto delito de rebelión, por haber dispuesto la disolución del Parlamento y la reorganización de los órganos del sistema de justicia.
El exmandatario, cuyo cese desató persistentes protestas sociales con un saldo de 60 muertos, está pendiente de la respuesta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a un recurso presentado por quien fuera su ministro de Defensa, Walter Ayala.
El recurso argumenta que la destitución de Castillo es ilegal porque fue cesado sin cumplir el Parlamento el protocolo establecido.
Castillo recibió el apoyo de juristas argentinos, que argumentan que el exmandatario no cometió delito de rebelión porque no usó las armas para ordenar la disolución del Legislativo y el Código Penal define la rebelión como alzamiento colectivo en armas.
Ante ello, el primer ministro, Alberto Otárola, declaró la semana pasada que existía el riesgo de que la citada comisión interamericana dé la razón a Castillo como si su caso fuera similar al del actual presidente Gustavo Petro, que años atrás fue repuesto como alcalde de Bogotá por destitución indebida.
Por ello, pidió al Poder Judicial y el Ministerio que apuren el caso de presunta corrupción para que el exmandatario siga en prisión de todas maneras.
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