El presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, Héctor Ventura, dijo que si Castillo no acepta declarar por video en línea, está obstaculizando la investigación de casos de presunta corrupción, que investiga el grupo legislativo.
Sostuvo que el exjefe de Estado se niega a declarar como testigo, por lo cual pasará a la condición de investigado y con anterioridad señaló que el requerido pretende montar un espectáculo mediático hablando ante la comisión.
El abogado de Castillo, Eduardo Pachas, dijo que su defendido ha hablado “claro y directo” y solo declarará en el Palacio Legislativo o, si la comisión referida se traslada a interrogarlo, en la cárcel para altos funcionarios donde cumple prisión preventiva, pero no virtualmente.
De otro lado, se desató una polémica sobre el poco usual pedido de la fiscal de la Nación, de una nueva prisión preventiva para Castillo, de 36 meses, que en los hechos reemplazaría a la de 18 meses que cumple desde que el 7 de diciembre fue destituido por el Parlamento por ordenar, sin ser obedecido, la disolución del Congreso.
El abogado Benji Espinoza, exdefensor de Castillo,declaró que la medida no se justifica y es innecesaria, pues la prisión preventiva sirve para garantizar la presencia del investigado, evitar que presione a testigos u obstculice de otras maneras la investigación, lo que se cumple en el caso de Castillo porque ya está preso.
Espinoza tuvo una destacada actuación como abogado del entonces mandatario, hasta que renunció a defenderlo cuando anunció la disolución del Congreso, algo que habían acordado no haría, con lo cual el cliente defraudó su constancia.
Sin embargo, dijo que mantiene la posición de que no se ha presentado hasta ahora ninguna evidencia de que Castillo es culpable de los casos de corrupción que se investigan.
En torno al delito de rebelión, por el que el exmandatario está preso, aseveró que solo puede cometerse usando armas, lo que no hizo, por lo cual solo amerita una inhabilitación por infracción constitucional, mas no una pena de cárcel.
Sobre la exigencia de Castillo, de declarar en persona ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, precisó que este puede pedir el traslado del expresidente al Congreso e interrogarlo allí, pero añadió que las comisiones congresales “actúan por oportunidad y conveniencia” política.
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