El exmandatario compareció por teleconferencia ante el juez Juan Carlos Checkley, que monitorea el proceso de investigación al que está sometido, en una audiencia que debatió un pedido de la fiscalía de 36 meses de prisión para él.
El exgobernante preso desde su destitución, el 7 de diciembre pasado, negó encabezar o integrar una red criminal dedicada a la corrupción, como sostiene la hipótesis de la fiscalía.
“El único delito que he cometido es el de servir a mi país como presidente de la República”, dijo, al agregar que sus ministros, dos de ellos involucrados en las pesquisas, tuvieron el voto de confianza del Parlamento, al cual fustigó duramente.
Agregó que se ha armado un castillo de delitos, con supuestos y términos como habría y tendría y con colaboradores comprados (involucrados que declaran en su contra a cambio de mejor trato judicial).
Según Castillo, esas acusaciones son usadas para pedir se le someta a 36 meses prisión preventiva, pese a que cumple una de 18 meses, iniciada en diciembre de 2022, por el cargo de rebelión, debido a que intentó disolver el Congreso, por lo que fue destituido por el Parlamento.
Agregó que está preso sin haber cometido ningún delito y se considera secuestrado desde hace casi 100 días, a lo cual su abogado, Eduardo Pachas, agregó que no se ha probado ninguna de las acusaciones de corrupción.
Sostuvo que, de ser cierto que encabezaba una organización criminal, quienes lo acusan desde el Parlamento serían también integrantes, porque en su mayoría visitaron el despacho presidencial bajo su gobierno y las bancadas congresales pedían fondos para aprobar el proyecto de presupuesto nacional.
Su defensor señaló también que carece de sentido aplicarle otra prisión preventiva porque los motivos de esta son el peligro de fuga y la posibilidad de que obstruya a la justicia, lo que, dijo Castillo, no puede hacer porque está en un penal de alta seguridad.
“Estoy secuestrado casi 100 días y no tengo los privilegios que tienen los que están a mi costado”, anotó en alusión a que en el mismo presidio cumple una condena por crímenes de lesa humanidad el exgobernante Alberto Fujimori.
Tras la audiencia, el juez citó a las partes para el jueves próximo, cuando anunciará su decisión sobre el nuevo pedido de prisión preventiva.
Por otra parte, la Fiscalía y la unidad policial a su servicio allanaron las casas del empresario español Jorge Hernández y del exasesor informal de inteligencia de Castillo, las registró en busca de evidencias y detuvo a ambos.
Los detenidos, según la Fiscalía, organizaban un aparato de inteligencia paralelo, para espiar y desacreditar a fiscales y policías que investigan al hoy exgobernante, versión filtrada a la prensa opositora a Castillo en octubre de 2022, pese a lo cual los indagados fueron capturados en sus casas, sin problemas.
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